El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra la empresa iraní Shahid Meisami Group, así como a su director, por participar supuestamente en el programa de desarrollo de armas químicas de Teherán.
“El desarrollo de armas de destrucción masiva es una amenaza a la seguridad de sus vecinos y del mundo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.PUBLICIDAD
“EU seguirá luchando contra cualquier esfuerzo del régimen de Irán para desarrollar armas químicas que puedan ser usadas por el régimen o grupos aliados para avanzar su maligna agenda”, agregó.
Estados Unidos acusó a la empresa y a su director, Mehran Babri, de estar vinculadas a la Organización de Innovación e Investigación en Defensa de Irán, previamente sancionada.
Como consecuencia, quedan congelados los activos que estas entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con ciudadanos o empresas de EU.
En una nota paralela, Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, remarcó “su preocupación de que la verdadera intención del régimen respecto a las pruebas y producción de los llamados agentes químicos incapacitadores podría ser usado tanto para oprimir aún más a los ciudadanos iraníes o para propósitos ofensivos”.
Esta nueva ronda de sanciones se enmarca en la campaña de “máxima presión” lanzada por el presidente saliente estadounidense, Donald Trump, y se anuncian dos meses antes de que sea sucedido por el mandatario electo, el demócrata Joe Biden.
En septiembre, EU dio unilateralmente por restablecidas todas las sanciones internacionales contra la República Islámica, además de amenazar a los miembros de la ONU que se opusieran a su reimposición.
EU inició en agosto un procedimiento ante la ONU para restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron con el acuerdo nuclear de 2015 (del que Washington se retiró en 2018), argumentando que Teherán había incumplido sus obligaciones.
Sin embargo, la mayoría del Consejo de Seguridad -incluidas el resto de potencias con derecho de veto- consideran que EU no tiene derecho a utilizar este mecanismo, pues abandonó el pacto en 2018, con lo que ese órgano de la ONU no ha tomado ninguna medida.
