Foto: ZETA Tijuana
Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con ‘La Mayiza’, informó este martes 29 de septiembre.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que “actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa”.
El Gobierno de Estados Unidos señaló que entre los sancionados hay “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres encabeza un “esquema de narcocorrupción” relacionado con Los Rusos, una facción de ‘La Mayiza’ que opera en Tijuana.
La Administración de Donald Trump indicó que funcionarios del Gobierno de Baja California protegen a este grupo de “la intervención de las fuerzas del orden y otras perturbaciones”.
“Carlos Torres es un operador político que mantiene una alianza con Juan Jose Ponce Felix ‘El Ruso’. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”, afirma el Departamento del Tesoro.
Según la dependencia estadounidense, Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, también lo ayuda en este esquema de narcocorrupción.
Estados Unidos confirmó además que la revocación de la visa de Carlos Torres, reportada en mayo de 2025, obedeció a la investigación de sus actividades para ayudar a ‘La Mayiza’.
En el esquema también participa Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien presuntamente recibió sobornos de ‘El Ruso’ para controlar a la policía del municipio.
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“Carlos Torres recibía pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres era el encargado de recibir dichos sobornos y de lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, detalló el Departamento del Tesoro.
