La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de José Reyes Baeza, extitular del FOVISSSTE y del ISSSTE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Fuentes federales confirmaron a este medio que el congelamiento de las cuentas del exfuncionario federal está relacionado con La Estafa Maestra, el caso de desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público a empresas fantasma que documentó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
La UIF detectó “movimientos irregulares” de dinero en el sistema financiero nacional, por lo que bloqueó las cuentas de Reyes Baeza, Salvador “N” y también de Eliseo ‘N’, actual funcionario del municipio de Delicias, Chihuahua.
Con José Reyes Baeza al frente del FOVISSSTE, esta dependencia firmó cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), entre enero y agosto de 2014.
La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.
Pero, según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la universidad no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares, y se quedó con 19 millones de pesos solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.
Animal Político documentó que entre las empresas beneficiadas con el dinero público del FOVISSSTE está Interamericana de Negocios y Comercio SA de CV. Una compañía que, según consta en su acta constitutiva, se dedica a giros como comercializar artículos del hogar y a vender zapatos. A pesar de este perfil, ganó 12 millones para dar supuestamente asesorías especializadas en tecnologías de la información al FOVISSSTE.
Otras empresas beneficiadas con recursos públicos del FOVISSSTE fueron Evyena Servicios e Icalma Servicios y Consultoría, compañías que ya fueron incluidas oficialmente en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma. Es decir, como empresas que no tenían una infraestructura real, ni personal, y que simularon operaciones comerciales mediante la emisión de facturas falsas.
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