Las modernas relaciones del gobierno mexicano con el sector privado se originaron con la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ahí fue donde se plasmaron los derechos y obligaciones ciudadanas y de los poderes, y se avanzó en la definición y el marco jurídico de los sistemas de propiedad que se establecerían después en México: La propiedad pública (dirigida por el gobierno), la propiedad social (ejidos, sindicatos y cooperativas) y la propiedad privada (o de particulares), definidas en el artículo 27 que en el original decía: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada” […] “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
Nace así la Concanaco (1917) y la Concamin (1918) con el Congreso Nacional de Industriales de la época, con buenas relaciones con los Presidentes Carranza y Obregón. En 1928, ante el funcionamiento del Banco de México—creado por Calles en 1925—, se funda la Asociación de Banqueros de México, cuyo primer presidente fue el sonorense Alberto Mascareñas, subsecretario de Hacienda en el gobierno de Plutarco Elías Calles, y primer director del Banco de México de 1925 a 1932.
La Constitución también se relacionó con el sector privado a través del nuevo artículo 123, relativo al trabajo, que no tuvo ley reglamentaria,14 años después de aprobada la Constitución, por las diferencias y debates entre los factores de la producción arbitrados por el gobierno. Dice Emilio Portes Gil: “Uno de mis primeros actos al tomar posesión de la Presidencia Provisional de la República será enviar a las Cámaras de la Unión el proyecto de ley del trabajo y de seguro obrero. Algunas semanas antes del último viaje del señor General Obregón a esta capital, recibí una carta de él en la cual me manifestaba sus deseos de que formulara un proyecto de ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución General de la República, para que tan pronto como él llegara a la Ciudad de México tuviésemos un cambio de ideas, tanto respecto a dicho proyecto como respecto del que constituyó su más legítima aspiración durante los últimos años de su vida, o sea la Ley del Seguro Obrero”. El presidente Portes Gil empezó con el proyecto, pero la Ley federal del Trabajo se promulgó hasta agosto de 1931 en la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, y antes de eso se funda la Coparmex (septiembre de 1929), impulsada por empresarios de Monterrey que participaron en la revisión del nuevo ordenamiento laboral, “para la defensa jurídica de sus motivaciones y razón de ser ante un poder público concentrado y férreo”.
En 1936 se logra la Ley de Cámaras de Comercio e Industria y en 1936 se crea la Confederación Nacional Ganadera. En 1941 se reforma la Ley de Cámaras, e impulsada por el Estado mexicano, en Diciembre de 1942 se aprueba el Código Agrario que reglamenta el artículo 27 de la CPEUM, y en sintonía con las políticas de industrialización surge la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que en 1945 firma el pacto con la CTM ya en la segunda etapa del crecimiento Industrial.
En 1946, ante las reacciones generadas por las políticas de reparto agrario se crea la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, con el objetivo de “potenciar el desarrollo empresarial de los propietarios rurales”. Después cambiaría a “propietarios rurales” y vendría a menos muy debilitada igual que la CNC con las reformas al artículo 27 de la CPEUM en 1992 y el surgimiento de otras instancias de representación agropecuaria de mayor interlocución con el gobierno.
En 1962 surge el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, “como una estrategia de doce grandes empresarios encaminada a incidir en la política económica del Presidente Adolfo López Mateos e influir en la sucesión presidencial (sic)”. Con el tiempo cambió a Consejo Mexicano de Negocios (CMN) “que reúne a los principales ejecutivos de las empresas más importantes de México con el fin de promover políticas públicas que impulsen la inversión y la creación de empleos”.
En 1976, ante las tensiones experimentadas por los empresarios con el presidente Luis Echeverría, agravadas por el asesinato de Eugenio Garza Sada en Monterrey en 1973 y las políticas de reparto agrario, surge el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este sería el organismo cúpula del sector privado con siete asociados (Concamin, Concanaco, Coparmex, Amis, CMN, CNA y la Asociación de Bancos de México) y cinco invitados permanentes, entre ellos Canacintra, Canaco y Antad.
En 1984, con organismos de productores y empresas de los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial surge el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para “representar, defender y fomentar la actividad agropecuaria”, y que influyó notablemente en la reformas relacionadas a principios de los noventa del siglo pasado y la firma del TLCAN.
Se trata de una historia político empresarial no exenta de tensiones y logros, tales como las representaciones importantes del sector en el gobierno, sobre todo en las instituciones tripartitas; algunas reformas constitucionales trascendentes; la privatización de más de dos mil empresas públicas o de participación estatal (minas, teléfonos, ferrocarriles, televisoras bancos, aerolíneas, etc.); también la apertura comercial (más de 30 tratados de libre comercio); y en los períodos de mayor tensión, una política de conciliación política con los gobiernos.
¿Qué sucede ahora en 2020? ¿Cuáles han sido las causas de las malas relaciones del sector privado con el gobierno federal?
1.- La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la CDMX, como la primer señal de que las cosas no iban a ir bien entre los empresarios y el nuevo gobierno. Eso desactivó a su principal interlocutor (Romo), alejó la inversión privada y generó desconfianza.
2.- Confusiones en el aterrizaje de la reforma energética, un proyecto prioritario para el CMN y para la inversión extranjera.
3.- Carencia de interlocutores creíbles y de peso político con el sector privado, y gente sin experiencia en el gabinete federal en áreas clave (Economía, Sedatu,Trabajo, Energía, Agricultura).
4.- Un diálogo estéril y sin agenda entre el Ejecutivo, el sector privado y los gobernadores donde predomina una visión del pasado sobre temas torales como el federalismo, el modelo económico, la falta de crecimiento, el tamaño de la recesión, la política energética y las prioridades nacionales en materia de infraestructura, entre otras.
5.-Simulación y maniqueísmo en las políticas de consulta sobre proyectos empresariales importantes, como la cervecera Constelation Brand en Baja California, el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la Termoeléctrica de la Huesca en Cuautla Morelos.
6.- Dudas constantes y desconfianza sobre la confusa tesis oficial de la “separación del poder político y económico”, que nunca ha sido asumida con claridad por parte del gobierno de López Obrador.
Si Juárez separó el poder temporal (gobierno) del poder espiritual (iglesia) que era una tendencia política desde la Ilustración, el reto ahora no es menos importante, pero faltan definiciones, proyecto, programas y acciones, en un tema donde solo hay bandazos y descalificaciones.
7.- Confusión en materia de empleo. Los gobiernos no crean empleos, solo deben garantizar las condiciones para que los empresarios lo hagan. No en balde funcionan en México actualmente 5 millones 53 mil 130 negocios, responsables del 95 % del empleo y del 88 % del PIB anual. La burocracia —que por ahora pasa por sus peores momentos—solo es un referente para la operación del gobierno y no un indicador de crecimiento. La relación del gobierno con los empresarios debe mejorar y generar una mayor confianza que por ahora no existe. Las proyecciones de la crisis económica que ya tenemos encima son preocupantes y puede ser la peor en México desde 1932. Urgen acciones y rectificaciones.
“Que nos dejen trabajar. Es todo lo que pedimos”. Era la expresión de un empresario agroindustrial sonorense del nivel de Próspero Ibarra Ceballos en los setenta del siglo pasado, cuando la política de expropiación de tierras del Presidente Luis Echeverría rondaba sobre los empresarios de entonces y estiraba la liga en la relación de los hombres de negocios con el gobierno. Puede ser que por ahí vaya el asunto.
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