Las aguas turbulentas de México

Columna Y sin embargo
Las deficiencias de la política (neoliberal) de agua impulsada por la Conagua desde 1989 y plasmadas en las leyes de aguas nacionales de 1994 y de 2004 están a la vista.
La política adolece de centralismo, burocratismo, poca participación social real, simulación de grandes avances a nivel nacional pero mucho desorden a nivel local.
Los más afectados y desfavorecidos han sido el fracaso de los organismos municipales de agua potable, la población rural pobre que incluye principalmente a los indígenas, los pequeños agricultores y, no menos importante, la naturaleza con el consecuente deterioro ecológico y sobreexplotación de acuíferos.
Estos males los describió magistralmente Julia Caravias en 2005 en su libro Agua, medio ambiente y sociedad.
La política nacional de agua se vino a complicar aún más con la reforma al artículo 4 constitucional, publicada el 8 de febrero de 2012, que añadió varios párrafos agregando el derecho al medio ambiente sano y el derecho humano al agua potable y al saneamiento (DHAS) en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Esta reforma dio un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas (LGA) que definiera la manera cómo el Estado (o sea federación, estados y municipios) iba a implementar y garantizar el DHAPS a toda la población, sobre todo a los grupos marginados.
Esto ha puesto a parir chayotes al aparato burocrático del sector hídrico, a los académicos y al sector social usuario del agua. Han pasado ya ocho años, y la LGA no se acaba de gestar y de parir. No se ha podido consensar y publicar una nueva LGA.

Dos visiones opuestas
Ha habido varias propuestas que no se han concretado. La primera fue la que se puede llamar Ley Korenfeld. Ésta adopta una perspectiva minimalista y garantiza 50 litros por persona por día y promueve la participación privada.
Se puede decir que está es un avance sobre la línea tecnocrática y privatizadora que se ha venido siguiendo, con una mejor implementación.
La otra propuesta es la que promueve un amplio grupo de activistas y académicos que ha sido llamada la Iniciativa Ciudadana. Ésta propone que el agua sea tratada como bien público y una dotación de mínimo 100 litros por persona por día.
La iniciativa plantea muchos principios como agua para todos, agua para los ecosistemas, fin de la contaminación y agua para la soberanía alimentaria pero no es clara cómo se van a alcanzar.
También prohibe las concesiones a empresas privadas y propone una visión idealizada de la participación ciudadana y de la gestión comunitaria.
Ambas propuestas fueron presentadas al Congreso, pero ambas fueron congeladas en 2015.
En 2018, se presentó una nueva versión mejorada de la Ley Korenfeld que se llamó la Ley Pichardo. Esta propuesta tampoco se aprobó.

Buscando un puente
Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación, en vista de su mayoría legislativa y amplia aprobación, tiene la posibilidad de cumplir el DHAS y expedir la nueva LGA.
La nueva Directora de la Conagua es una académica centrada que estaba trabajando en el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
Hay muchas esperanzas en que ella ayude a destrabar el embrollo y avance en resolver los problemas de la política hídrica de México.
Además, la Comisión de Agua del Congreso de la Unión ha estado haciendo foros de consulta y recogiendo propuestas.
Se espera que en los próximos meses presente una nueva propuesta de ley. Un problema es que el DHAS del artículo 4 no es compatible y se contradice con los preceptos constitucionales de los artículos 27 y 115. O sea, se requieren más reformas constitucionales.
El reto es encontrarle la cuadratura al círculo y que provea los elementos para que se cumpla con el DHAS.
Esperemos que se avance y se tienda un necesario puente sobre estas aguas turbulentas.
El martes 11 de febrero, a las 18:30 horas, en El Colegio de Sonora, se presenta el libro Los Consejos de Cuenca en México del cual soy uno de los autores. Están todos invitados.