El Gobierno de Baja California confirmó que localizó contratos celebrados con personas y empresas incluidas en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y entregó los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar si existe alguna irregularidad.
La respuesta del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se dio después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó contratos por más de 200 millones de pesos otorgados por la Fiscalía General de Baja California a Inteliproof Efficient, una empresa incluida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de sancionados.
En un oficio fechado el 29 de septiembre, el oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar informó al director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública que, por instrucciones de la gobernadora, la Oficialía Mayor realizó una búsqueda en sus archivos físicos y digitales.
Se localizaron diversas contrataciones formalizadas con algunas de las personas mencionadas en el listado emitido por la OFAC.
La dependencia entregó en un dispositivo USB y en sobre cerrado los listados de las contrataciones localizadas para su revisión por las autoridades de control.
Sin embargo, la Oficialía Mayor sostuvo que esos contratos fueron celebrados conforme a la legislación vigente al momento de su formalización.
De acuerdo con el oficio, antes de contratar a los proveedores se verificó que no estuvieran inhabilitados o sancionados en el Registro Homologado de Proveedores y Contratistas Sancionados.
También que no incurrieran en los supuestos de prohibición establecidos por la legislación estatal o federal y que no existiera algún conflicto de interés.
Además, se verificó que estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales.
Por ello, la dependencia concluyó que “no existió impedimento legal alguno para la formalización de los contratos respectivos”.
Mientras tanto, el gobierno del estado señaló en un comunicado que, la revisión actual parte de la nueva información difundida por OFAC y busca determinar si los antecedentes conocidos ahora representan alguna vulnerabilidad o riesgo operativo o patrimonial que no pudiera advertirse cuando fueron celebrados los contratos.
“El principio es muy claro, cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles”, sostuvo Marina del Pilar en el comunicado.
La gobernadora añadió que en ese momento “no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno” para celebrar los contratos y sostuvo que una circunstancia conocida en 2026 no puede trasladarse automáticamente a decisiones administrativas tomadas años antes.
La respuesta gubernamental se produce luego de que MCCI reportó que Inteliproof Efficient obtuvo decenas de contratos de la Fiscalía General de Baja California entre 2022 y 2025 por más de 200 millones de pesos.
Según la investigación publicada este jueves, los contratos incluyeron adquisiciones de uniformes, equipo táctico, mobiliario, equipo de cómputo, mantenimiento de inmuebles y un sistema de inteligencia para reconocimiento facial.
MCCI también documentó contratos de la empresa con el Gobierno de Baja California por al menos 16.5 millones de pesos entre 2022 y 2025, incluidos suministros para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Local de Búsqueda y otras áreas.
OFAC incluyó a Inteliproof Efficient entre las empresas sancionadas y señaló a personas relacionadas con la compañía por presuntamente formar parte de una red de empresas utilizada para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.
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El Gobierno de Baja California, por su parte, precisó que la revisión de la Oficialía Mayor no comprende necesariamente todas las contrataciones realizadas por organismos paraestatales.
El oficio señala que cuando un organismo paraestatal solicita bienes o servicios, es esa institución la que formaliza el contrato, supervisa las entregas y realiza los pagos.
Además, la Oficialía Mayor reconoció que no cuenta con información sobre la totalidad de los proveedores contratados mediante los subcomités de adquisiciones de esas entidades.
Por ello, indicó que para determinar si organismos paraestatales contrataron a personas o empresas incluidas en la lista de OFAC, la información deberá solicitarse directamente a esas instituciones.
La administración estatal también hizo una precisión sobre la Fiscalía General del Estado, señalada en la investigación de MCCI por sus contratos con Inteliproof.
El Gobierno indicó que la FGE cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para realizar sus procesos de compra y resguardar su documentación.
En materia de seguridad, el Gobierno estatal afirmó además que los contratos referidos corresponden a equipamiento, suministros e infraestructura técnica y aseguró que los sistemas y bases de datos institucionales permanecen bajo custodia y administración exclusiva del personal autorizado de las corporaciones de seguridad.
Ante ello, como medida preventiva, Marina del Pilar ordenó que ningún proveedor señalado por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas pueda participar en licitaciones estatales mientras no aclare formalmente su situación jurídica ante las autoridades competentes.
La gobernadora sostuvo que esta medida y la revisión de los expedientes no representan una conclusión anticipada sobre los contratos.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar”, afirmó, y agregó que si de la revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley.
