Hermosillo, Sonora.- Diez mineros fueron privados de su libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, en enero de 2026, mientras trabajaban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp; a ocho meses de los hechos, familiares y abogados denuncian omisiones por parte de la compañía.
La noche del viernes 23 de enero de 2026, hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina. Esa misma noche se perdió toda comunicación con los trabajadores, por lo que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al día siguiente, 24 de enero.
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A los pocos días, el caso cobró relevancia en los medios de comunicación y, el 28 de enero, las autoridades anunciaron formalmente la apertura de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a las víctimas.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió en diferentes momentos durante los días y semanas posteriores a la desaparición. Los primeros cinco cuerpos fueron recuperados de una fosa en la comunidad de El Verde entre el 8 y el 9 de febrero; posteriormente, mediante pruebas genéticas, se identificó a otras cuatro víctimas en la misma zona.
Hasta el momento, las autoridades han localizado los restos sin vida de nueve de los mineros, pero continúa desaparecido el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años, originario de Hermosillo, Sonora.
En conferencia de prensa, señalaron que Vizsla Silver no interpuso una denuncia formal por la desaparición y posterior homicidio de los mineros, y que solo realizó una llamada al número de emergencias 911, entre otras acciones que consideraron insuficientes,
Odracir Ricardo Espinoza Valdés, representante legal de las familias, dijo que la empresa todavía tiene en su poder elementos que no han sido compartidos y, por lo tanto, no se han integrado a la carpeta de investigación; entre estos se encuentran videos de vigilancia, rastreos satelitales de GPS y comunicaciones internas.
Alán Esparza, hijo de Francisco Antonio y vocero del colectivo de familias, cuestionó que una empresa de este nivel prefiera mantener la operatividad en un territorio inseguro antes que priorizar la integridad física de sus empleados.
La defensa también solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para revisar los permisos e inspecciones laborales concedidos a la minera, así como verificar si el yacimiento cumplía con la normativa obligatoria en materia de seguridad industrial y si contaba con protocolos validados para zonas de alto riesgo.
Además, señalaron que existían al menos 12 incidentes graves de seguridad en la mina previos a la desaparición de los trabajadores e incluso, en abril de 2025, la propia empresa había pausado sus labores debido al riesgo, aunque apenas un mes después reanudó las jornadas de trabajo.
Finalmente, las familias exigieron una ruta de reparación integral del daño que sea seria, transparente y libre de condicionamientos, al tiempo que enfatizaron la necesidad urgente de implementar medidas efectivas de no repetición para evitar que las corporaciones mineras sigan exponiendo impunemente la vida de los trabajadores mexicanos.
