Hermosillo, Sonora.- La propuesta de una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla sanciones más elevadas y una evaluación acumulativa de los impactos ambientales; sin embargo, también contiene disposiciones que podrían permitir que algunas construcciones comiencen antes de contar con todas las autorizaciones, advirtió Karla Estrella.
Durante su participación en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la especialista señaló que uno de los aspectos que requiere mayor revisión es la posibilidad de regularizar obras después de haber iniciado su construcción, ya que esto podría contradecir el principio de prevención de daños ambientales que plantea la iniciativa.
Estrella explicó que la legislación ambiental vigente en México data de 1988, por lo que consideró necesaria una actualización que responda a los problemas medioambientales actuales.
La nueva propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto, se encuentra en revisión en comisiones de la Cámara de Diputados.
La arquitecta destacó que el proyecto establece 10 principios, entre los que sobresale la prevención del daño ambiental antes que su reparación.
También contempla multas de hasta 850 mil pesos por incumplir la normativa, además de ampliar la participación de las comunidades y de las personas dedicadas a la protección del medio ambiente.
Otro de los cambios que consideró relevantes es que las evaluaciones de impacto ambiental sean acumulativas, de modo que no se analicen únicamente las afectaciones de un terreno o una obra de manera aislada, sino también sus efectos en el entorno.
Como ejemplo, mencionó los proyectos de fraccionamientos en Hermosillo, para los que anteriormente se requería presentar una evaluación de impacto ambiental como parte de los trámites para obtener la licencia de uso de suelo.
Con el nuevo enfoque, se tendrían que considerar también las condiciones ambientales del área, como la presencia de arroyos, zonas protegidas y especies que pudieran verse afectadas por el desmonte.
No obstante, advirtió que el apartado de regularización podría abrir la puerta a que desarrolladores comiencen trabajos de construcción o retiren vegetación antes de contar con las autorizaciones correspondientes.
Posteriormente, podrían acudir a las dependencias para solicitar los permisos mediante un proceso de regularización.
“Entonces, ¿qué significa eso? pues que construyo y después averiguo”, señaló Estrella al explicar el riesgo de que se aproveche esta disposición para evitar los procedimientos preventivos.
Agregó que, aunque la ley contempla medidas de reparación y sanciones, estas no impedirían que el daño ambiental ya se hubiera consumado.
La especialista indicó que esta posibilidad también podría entrar en conflicto con las legislaciones locales, que establecen una serie de requisitos previos para autorizar proyectos inmobiliarios.
Por ello, consideró importante revisar el contenido de la iniciativa antes de que sea aprobada.
Estrella mencionó que organizaciones ambientalistas han solicitado la realización de un parlamento abierto para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones y aportar propuestas a la discusión de la nueva legislación.
También señaló que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha reconocido que el proceso requiere tiempo para analizarse.
Ante este escenario, llamó a constructores, ambientalistas y personas con proyectos en puerta a mantenerse atentos a la discusión legislativa durante los próximos meses y participar en el proceso para mejorar la iniciativa.
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“La idea es se va a aprobar como está o la podemos mejorar todavía, ¿no?”, planteó la arquitecta, quien reiteró que México necesita una nueva legislación ambiental, pero consideró fundamental revisar sus posibles vacíos antes de su aprobación.
