Hermosillo, Sonora.- La operación mediante la que el Gobierno de Sonora adquirió parte del Cerro de la Cementera para incorporarlo al proyecto de bosque urbano La Sauceda dejó fuera varios terrenos cuya propiedad y destino aún no han sido aclarados públicamente, señaló el periodista e investigador Jesús Ibarra.
Durante su participación en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, Ibarra explicó que el banco INVEX vendió al Estado una fracción del predio por 3.5 millones de pesos, pero la documentación revisada muestra polígonos que no fueron incluidos en la operación.
El periodista pidió que tanto la institución financiera como las autoridades estatales expliquen quiénes son los propietarios de esas superficies y qué uso tendrán.
De acuerdo con la respuesta oficial proporcionada por el Gobierno de Sonora, el predio conocido como Cerro de la Cementera era propiedad de particulares.
El banco realizó una subdivisión en dos fracciones y el Estado adquirió una de ellas, mientras que la otra permaneció bajo propiedad de INVEX.
La administración estatal sostuvo que únicamente compró la superficie cuyos propietarios estuvieron dispuestos a venderla.
Sin embargo, Ibarra indicó que los mapas y documentos consultados presentan cuatro polígonos excluidos del terreno incorporado al proyecto de La Sauceda.
Tres de esas superficies serían aproximadamente del tamaño del humedal del parque, mientras que una cuarta tendría una extensión similar a la de una vivienda; el investigador señaló que las áreas se ubican en la parte alta del cerro.
El periodista cuestionó que la información sobre estos terrenos no se hubiera explicado desde el anuncio de la operación, pues, según dijo, inicialmente se entendía que todo el cerro pasaría a formar parte del patrimonio estatal para su integración al bosque urbano.
También advirtió que existe una diferencia entre los mapas disponibles: uno muestra cuatro polígonos excluidos y otro presenta solamente tres, por lo que pidió aclarar qué ocurrió con el terreno faltante.
Gobierno confirma compra de una fracción por 3.5 mdp
En la respuesta escrita que envió al medio, la administración estatal detalló que INVEX subdividió el predio en dos fracciones: una de aproximadamente 1.77 millones de metros cuadrados, que fue adquirida por el Gobierno de Sonora, y otra de alrededor de 2.07 millones de metros cuadrados, que permaneció bajo propiedad del banco.
Además, indicó que otros fragmentos ya habían sido desincorporados previamente por la institución financiera.
La explicación oficial, señaló Ibarra, aclara por qué la segunda fracción no se incorporó al patrimonio estatal, pero deja pendientes preguntas sobre quiénes son los particulares que poseen los terrenos excluidos y qué actividades se realizarán en ellos.
El investigador sostuvo que tanto el banco como el Gobierno de Sonora deben informar sobre el destino y la operación de esas superficies.
“¿Quiénes se quedaron con ellos? ¿Por qué?”, cuestionó el periodista, al señalar que la falta de información podría generar incertidumbre sobre la relación entre los terrenos privados y el proyecto público de recuperación ambiental.
Ibarra también pidió aclarar si existe algún plan para desarrollar infraestructura o actividades comerciales en las áreas que no fueron incorporadas al bosque urbano.
Consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes operarán esos espacios, especialmente por su ubicación dentro del entorno del cerro y su cercanía con el proyecto de La Sauceda.
Piden aclarar recursos y plan de manejo ambiental
El investigador agregó que las dudas sobre la operación inmobiliaria se suman a otros pendientes relacionados con la recuperación de La Sauceda.
Indicó que el Gobierno de Sonora ha anunciado una inversión total de 526 millones de pesos, pero que, según la documentación que ha revisado, solo ha podido identificar la programación de 454 millones de pesos.
De esa cantidad, dijo, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) ha acreditado contratos por 290 millones de pesos.
También mencionó que hay una bolsa de 60 millones de pesos vinculada a construcciones en los polígonos del cerro, cuyo ejercicio y destino, afirmó, todavía deben aclararse.
Entre los asuntos pendientes, Ibarra señaló que la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) debe elaborar un plan de manejo ambiental para administrar el cerro.
Consideró que la falta de información sobre las propiedades excluidas y los avances del proyecto requiere una explicación pública de las autoridades responsables.
El periodista subrayó que el rescate de La Sauceda es un proyecto de interés público que necesita transparencia sobre los recursos, las decisiones de adquisición de terrenos y los espacios que quedarán fuera del bosque urbano.
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Por ello, anunció que continuará dando seguimiento a las respuestas del Gobierno de Sonora y de INVEX.
