La Fiscalía General de la República (FGR) busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la validez de información financiera proporcionada por Suiza en el caso Odebrecht, con la intención de que pueda ser utilizada para acreditar la presunta responsabilidad de Emilio Lozoya Austin.
Los datos relacionados con estados financieros fueron declarados inválidos por un juez federal en 2024, debido a que el Ministerio Público Federal no acudió ante la autoridad judicial para solicitar su incorporación al proceso.
Como consecuencia, esa información no puede utilizarse actualmente ante un eventual juicio oral contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante este escenario, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR, solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción sobre el caso.
El asunto está programado para ser votado por el Pleno de la Suprema Corte el lunes 21 de septiembre.
En esta etapa, las ministras y los ministros únicamente determinarán si el Alto Tribunal acepta conocer el expediente.
Si una mayoría aprueba la atracción, el caso será turnado a una ministra o ministro, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia; en caso contrario, el expediente será devuelto a un Tribunal Colegiado.
El punto central consiste en determinar si la información financiera obtenida en Suiza necesitaba autorización de un juez mexicano para ser utilizada en un proceso penal o si era suficiente cumplir con los lineamientos establecidos en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambos países para considerar válida la prueba.
FGR cuestionó eliminación de datos bancarios
Durante la administración de Alejandro Gertz Manero, la FGR sostuvo que era ilegal desechar la información bancaria proporcionada por Suiza y Brasil que pretendía utilizar en un eventual juicio oral contra Lozoya.
La institución incluso afirmó que jueces de Distrito y magistrados federales habían actuado con “notoriamente su parcialidad e ilegalidad” en favor del exfuncionario.
La Fiscalía sostuvo que las pruebas fueron obtenidas mediante dos tratados internacionales con nivel constitucional, conforme al artículo 133, y que estos mecanismos son utilizados de manera constante para la colaboración entre países por dependencias vinculadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio ‘L’, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, señaló la institución.
Por su parte, Emilio Lozoya también había buscado que fueran eliminados los testimonios e interrogatorios de exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht que lo señalaron por presuntamente recibir sobornos.
Sin embargo, la anterior integración de la Corte dejó firme la resolución de un Tribunal Colegiado que rechazó esas pretensiones.
Investigación contra Emilio Lozoya
En agosto de 2020, la FGR inició una investigación relacionada con las acusaciones realizadas por Lozoya contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
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De acuerdo con esas acusaciones, ambos le habrían ordenado distribuir más de 100 millones de pesos en sobornos de Odebrecht destinados a la campaña presidencial de 2012, además de utilizar 120 millones de pesos para comprar votos en el Congreso de la Unión con el propósito de aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.
