No todos los modelos educativos militarizados recurren a la violencia y ordenar su cierre de manera generalizada afectaría a cerca de 13 mil estudiantes en el país, advirtió Marco Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. El especialista afirmó que, tras la muerte de una adolescente durante un campamento militarizado en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reaccionó con una medida que, a su juicio, generaliza sin distinguir entre planteles que incumplen la ley y aquellos que operan conforme a la normatividad.
Fernández sostuvo que la legislación prohíbe cualquier forma de violencia en los centros educativos, pero aclaró que eso no significa que todo modelo militarizado sea violento. Además, cuestionó el sustento jurídico de la decisión de la SEP y advirtió que el cierre de estas escuelas afectaría principalmente a estudiantes de bachilleratos públicos en estados como Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes, sin que se hayan planteado alternativas para ellos.
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El investigador agregó que muchas de estas instituciones incorporan actividades como marchas, ejercicio físico y bandas de guerra como parte de su formación, sin emplear la violencia como método disciplinario. También señaló que el caso de Tamaulipas evidenció fallas en la supervisión de las autoridades, especialmente durante cursos de verano, donde consideró que existe una regulación insuficiente.
Pese a las críticas, el titular de la SEP, Mario Delgado, ordenó revisar las autorizaciones de las escuelas con denominaciones militarizadas para impedir que operen bajo ese esquema a partir del próximo ciclo escolar. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al afirmar que ningún abuso puede justificarse con el argumento de la disciplina, mientras que en Sonora la SEC informó que no existen escuelas militarizadas incorporadas oficialmente al sistema educativo estatal.
