Hermosillo, Sonora.- La condena económica impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada abrió el debate sobre si México podría acceder a parte de los 15 mil millones de dólares que deberá pagar, una posibilidad que la abogada Claudia Zavala consideró incierta mientras no existan bienes asegurados y el proceso continúe desarrollándose en Estados Unidos.
Durante la mesa de análisis de Proyecto Puente, la litigante señaló que las autoridades estadounidenses buscan localizar los recursos del líder del narcotráfico y cuestionó si México tendría derecho a participar en una eventual recuperación de esos activos.
“Se están buscando los dineros. Pues sí, claro, se están buscando los dineros. Ahora, ¿cómo va a responder nuestro país que también quiere una tajada? ¿Y por qué no? Pues ¿por qué se lo tiene que llevar? Hasta eso se tiene que llevar Estados Unidos”, expresó.
Zavala indicó que, hasta el momento, no existe información sobre bienes decomisados relacionados con el caso y recordó que las propias autoridades mexicanas han señalado que no hay recursos asegurados.
Además, cuestionó el origen de la cifra fijada en la sentencia ante la falta de evidencia pública sobre el patrimonio del capo.
En la misma mesa, el expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila Valenzuela explicó que, en caso de ejecutarse el cobro, esos recursos tendrían como destino principal la reparación del daño a víctimas de la violencia vinculada con el Cártel de Sinaloa, así como el fortalecimiento de agencias estadounidenses dedicadas al combate al narcotráfico.
No obstante, consideró poco probable que ese monto llegue a recuperarse en su totalidad, al señalar que no existen antecedentes de que narcotraficantes de ese nivel hayan cubierto condenas económicas de esa magnitud.
Ven tintes políticos en captura de Ernesto Ruffo
Durante la misma conversación, Claudia Zavala Urquides también se refirió a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y consideró que el caso podría tener un trasfondo político.
La abogada afirmó que el monto por el que se le investiga, de 18 millones de pesos, resulta reducido frente a las dimensiones del caso de huachicol fiscal, por lo que estimó que las autoridades podrían estar realizando pesquisas para ampliar la investigación.
“A mí se me hace definitivamente que están haciendo pesquisas y de ahí van a hacer negociaciones porque la cantidad es risoria”, sostuvo.
Por su parte, José Manuel Ávila Valenzuela coincidió en que la detención tiene “ciertos tintes políticos” y señaló que el momento en que se ejecutó la orden de aprehensión envía un mensaje a la oposición.
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Ambos especialistas enfatizaron que corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad del exmandatario conforme avance el proceso legal.
