Hermosillo, Sonora.- Luego de 39 días de plantón y de nueve de huelga de hambre, integrantes de Covafam Sonora empiezan a tener afectaciones en su salud, informó Guadalupe Lizeth Villalobos.
La presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, y de Covafam, señaló que compañeros como el abogado Jorge García Ramírez ya se encuentran débiles y con niveles bajos de glucosa al no ingerir alimentos por más de una semana.
“Realmente ya entramos a un punto crítico, delicado, precisamente los índices ya están por debajo o por encima de los normales, muy por debajo y sí traemos esa situación delicada, sin embargo sabemos que corren en riesgo nuestras vidas.
Aún en ese sentido hay un compromiso con la niñez, hay un compromiso con la sociedad y sobre todo es un compromiso para nuestras raíces, como bien se ha dicho para nuestras presentes y futuras generaciones y sobre todo la primera infancia que lo vale”.
A las afueras del Congreso del Estado se encuentran los carteles con mensajes en donde exigen el diálogo con las autoridades para que atiendan sus demandas.
En el campamento montado, el abogado Jorge García se encuentra descansando en un colchón, tras los estragos en su salud, paramédicos de Cruz Roja han acudido para atenderlo e invitarlo a desistir de la huelga, sin embargo se ha negado y que pretende seguir en la lucha social.
“Yo me encuentro en huelga de hambre total e indefinida, producto de la cerrazón, de la soberbia y sobre todo de la indiferencia del gobierno estatal que ya lleva cinco años e incluyendo el Congreso del Estado para atender, resolver la demanda legítima y necesaria de darle educación inicial y un instituto, un sistema estatal para la niñez sonorense”.
El participante explicó que su nivel de glucosa ha disminuido debido a que no ha ingerido alimentos sólidos, limitando su consumo únicamente a líquidos como agua y suero.
Pese a ello, aseguró que se mantiene con ánimo y firmeza en su decisión, al señalar que se siente “débil de cuerpo, pero no de espíritu”, y que su determinación responde a un “compromiso de vida” orientado a contribuir a las futuras generaciones.
Cabe destacar que en esta manifestación participan dueñas, directoras y maestras de centros de educación inicial que exigen la liberación de cerca de 2 millones de pesos.
Y es que señalan que estos fondos, aprobados desde el ejercicio fiscal 2023 pero aún no entregados, son cruciales para cubrir los gastos operativos de las estancias, incluyendo alimentación, mantenimiento y funcionamiento.
