El elefante en medio de la sala ya no puede ignorarse más. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son contundentes y exhiben un acuerdo mafioso entre el Cártel y el político morenista, un pacto que puede resumirse en: traficar drogas con impunidad a cambio de respaldo a los objetivos del grupo político que gobierna Sinaloa desde noviembre de 2021.
No es un acuerdo nuevo ni inédito. Es, según han documentado periodistas y medios sinaloenses desde hace décadas, la reedición de un pacto que ha permitido a gobernadores del PRI, PAN y ahora de Morena, ocupar el despacho del Palacio de Gobierno en Culiacán, y decirse gobernadores por seis años. Aunque el gobierno de facto y el control del territorio lo ejerzan los grupos criminales.
El documento que acompaña la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámiz Mendívil, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y otras cinco personas del entorno cercano al gobernador, señala que todos ellos colaboraban con narcotraficantes para la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas contra las que Estados Unidos ha declarado una guerra transnacional.
Pero lo que dice el gobierno norteamericano va más allá y pega en el corazón del debate abierto desde 2021, cuando las elecciones federales y locales se vieron descaradamente intervenidas por el crimen organizado: ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en la política mexicana?
Básicamente lo que imputa el gran jurado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es que Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS (Partido Auténtico Sinaloense), lo ayudaron desde el Cártel de Sinaloa para ganar las elecciones del 6 de junio de 2021: “Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de Los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de Los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes a Rocha Moya; y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”. A cambio, continúa el documento, Rocha Moya habría asistido a reuniones con líderes del Cártel en las que prometió apoyar sus operaciones de narcotráfico.
“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad… ha permitido a Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el Gobierno estatal así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público”, se detalla en el documento enviado por el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República y exhibido públicamente por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el mismo que una semana antes informó sobre la presencia y muerte de dos agentes de la CIA en un operativo realizado por el Gobierno de Chihuahua para desmantelar un narco laboratorio.
Una alerta nacional e internacional
En 34 páginas, el fiscal federal Jay Clayton ha hecho una radiografía del tipo de complicidad entre narcos y políticos, que funciona no sólo en Sinaloa, sino en muchas otras entidades del país.
El nuevo partido gobernante ha sido objeto de señalamientos similares luego de ganar las gubernaturas de Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California y San Luis Potosí (ésta con un candidato del Verde), en 2021; en Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, en 2022; y en Veracruz, Chiapas, Puebla y Morelos, en 2024.
Claro, sólo en Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, la oposición ha presentado pruebas ante las autoridades electorales sobre violencia generalizada y la presunta ayuda de criminales a candidatos morenistas, principalmente a nivel municipal. En ningún caso prosperó la nulidad de la elección, solicitada por los partidos de oposición.
Sin embargo, lo que es un hecho incontrovertible es que desde 2021 las elecciones locales se han vuelto cada vez más violentas; con más aspirantes, precandidatos, candidatos, líderes partidistas, operadores territoriales y funcionarios municipales asesinados, secuestrados, heridos y amenazados antes, durante y después de los comicios. El proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, así lo ha venido documentando. Y muchas otras agencias especializadas, como Integralia, Laboratorio Electoral, Lantia Consultores y Etelleck coinciden en que los procesos electorales se tiñen de sangre cada vez con más frecuencia.
El tema ha alertado a las misiones de observación electoral que vienen cada tres años a México a presenciar nuestros procesos, a fundaciones internacionales especializadas en democracia, como IDEA Internacional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos, que ha recibido múltiples denuncias documentadas sobre la operación del crimen organizado en tiempo de elecciones.
Post Data
Presionada por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheuinbaum ha dicho que, sin pruebas, las acusaciones son un asunto político, pero ha ordenado que la Fiscalía General de la República investigue la denuncia y, si hay elementos, que actúe contra quien sea responsable. Por su lado, Rubén Rocha ha solicitado licencia para separarse de la gubernatura mientras es investigado, lo mismo que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámiz. Y los líderes de Morena ha dicho que ellos no encubren ni protegen a nadie. Ya se verá si esto es cierto.
El régimen parece reaccionar para tratar de mitigar el daño por la papa caliente llamada Rubén Rocha Moya. Sin embargo, las licencias no resuelven el problema de fondo: la infiltración del crimen en la política, a través del financiamiento de campañas y candidatos, acuerdos criminales, otorgamiento de piezas clave en gobiernos municipales y estatales, y violencia, mucha violencia. Hoy, las pruebas ya son muchas y los efectos están a la vista.
El elefante en medio de la sala se agita, y es imposible seguir ignorándolo. Si el Estado mexicano sigue sin hacer nada, probablemente Donald Trump sí lo haga, y eso sería doblemente penoso, porque no, Trump no quiere ayudar a México, Trump quiere acorralar a Sheinbaum y usar el delicado expediente de la narcopolítica para sus fines inmediatos: la elección de noviembre próximo.
