El reciente anuncio de la Presidencia de la República sobre la posibilidad de evaluar el uso de nuevas tecnologías de fracking marca un punto de inflexión en la política energética nacional. No se trata de una decisión menor: implica un ajuste relevante en el discurso de un régimen que, durante años, sostuvo una postura crítica frente a esta técnica.
El cambio merece ser analizado con seriedad. Por un lado, responde a una realidad ineludible: México enfrenta una alta dependencia del gas natural importado, particularmente de Estados Unidos. Esta condición limita la seguridad energética del país y lo expone a riesgos externos que afectan tanto a la industria como a los hogares. En ese contexto, explorar el potencial de los yacimientos no convencionales puede representar una oportunidad estratégica para fortalecer la autosuficiencia energética y acompañar el crecimiento económico.
Asimismo, el desarrollo de estas capacidades se inserta en una tendencia global. Diversas economías han optado por aprovechar sus recursos energéticos bajo esquemas cada vez más sofisticados, buscando equilibrar crecimiento, competitividad y transición energética. México no puede quedar al margen de esta dinámica si aspira a consolidarse como un actor relevante en la nueva geografía económica.
Sin embargo, los beneficios potenciales no pueden analizarse de manera aislada. El fracking ha sido objeto de cuestionamientos legítimos por sus posibles impactos en el agua, el suelo y la salud de las comunidades. La experiencia internacional muestra que, sin una regulación estricta y mecanismos de supervisión efectivos, los riesgos pueden materializarse con consecuencias de largo plazo.
En este sentido, el debate no debe centrarse únicamente en la viabilidad técnica, sino en las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. El respeto a las comunidades, la transparencia en la información y la participación social son elementos indispensables para construir legitimidad. No basta con demostrar que una tecnología es menos invasiva; es necesario garantizar que su implementación no comprometa el bienestar de las poblaciones locales ni degrade los ecosistemas.
De igual forma, cualquier avance en esta materia debe ir acompañado de medidas claras de mitigación y remediación. Esto implica establecer estándares ambientales rigurosos, sistemas de monitoreo continuo, responsabilidades definidas para los operadores y esquemas efectivos de reparación del daño. La política energética del país debe integrar estos elementos como parte de una visión de Estado, no como ajustes posteriores.
México se encuentra ante una disyuntiva que exige equilibrio. Aprovechar sus recursos energéticos puede fortalecer su desarrollo, pero hacerlo sin salvaguardas adecuadas puede generar costos difíciles de revertir. La ruta no está en la negación ni en la adopción irrestricta, sino en una decisión informada, responsable y con visión de largo plazo.
Hoy se abre un nuevo capítulo en la discusión energética nacional. La oportunidad está en conducirlo con rigor técnico, sensibilidad social y compromiso ambiental. Solo así será posible avanzar hacia un modelo que combine crecimiento, soberanía y sostenibilidad.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
