La organización Greenpeace cuestionó la respuesta del gobierno federal ante el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México en febrero, al señalar que, pese al reconocimiento oficial del origen del incidente, no se ha establecido una responsabilidad institucional directa para Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un comunicado, la organización ambientalista sostuvo que la separación de tres funcionarios por ocultamiento de información no resuelve el impacto ambiental ni las afectaciones a comunidades costeras.
“Se sanciona la mentira, no el daño ambiental…”
El posicionamiento se da luego de que el gobierno federal confirmara que el derrame tuvo su origen en una fuga en un ducto de Pemex, ubicado en la Sonda de Campeche.
Este reconocimiento ocurrió tras semanas de reportes de organizaciones civiles y habitantes de la zona, quienes documentaron la presencia de hidrocarburo en el mar y en playas del Golfo.
A través de un hilo difundido en la red social X, Greenpeace señaló que la admisión oficial se produjo después de un periodo de negación.
La organización indicó que el derrame fue inicialmente atribuido a otras fuentes y que no se activaron de manera oportuna los protocolos de contención, lo que permitió la expansión del hidrocarburo.
Según la información difundida por la organización, el impacto del derrame alcanzó más de 900 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas.
En estas zonas, comunidades pesqueras reportaron la llegada de residuos de petróleo, lo que afectó sus actividades productivas y generó incertidumbre sobre las condiciones ambientales.
Greenpeace también subrayó que, hasta el momento, no existe un cálculo oficial del volumen total de hidrocarburo derramado. Esta falta de información, indicó, limita la posibilidad de dimensionar el daño y de establecer un plan adecuado de remediación.
En ese sentido, citó que el propio gobierno reconoció que “no se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”.
De acuerdo con la organización, la ausencia de datos claros sobre el volumen derramado impide determinar el costo total de las labores de limpieza, el impacto en los ecosistemas y las compensaciones que corresponderían a las comunidades afectadas.
En su posicionamiento, Greenpeace cuestionó también la falta de transparencia en los costos del operativo de respuesta, que incluyó el despliegue de miles de elementos, embarcaciones, aeronaves y barreras de contención.
Señaló que no se ha informado cuánto se ha destinado a estas acciones ni cuál será el monto que Pemex deberá cubrir como parte de su responsabilidad.
Asimismo, la organización consideró que los apoyos económicos anunciados por el gobierno para pescadores y cooperativas no sustituyen la reparación integral del daño. Indicó que estos recursos no compensan la pérdida de ingresos ni atienden las afectaciones a largo plazo en ecosistemas como manglares y arrecifes.
El derrame, de acuerdo con la información oficial, se originó entre el 4 y el 17 de febrero de 2026, periodo en el que el hidrocarburo se dispersó en el mar. Aunque la fuga fue detectada en los primeros días del incidente, el cierre de la válvula principal ocurrió varios días después, lo que permitió la continuidad del derrame.
Las autoridades desplegaron un operativo de atención que incluyó recorridos en cientos de kilómetros de litoral, limpieza de playas y monitoreo ambiental en diversas localidades. Sin embargo, Greenpeace señaló que estas acciones no sustituyen la necesidad de un plan integral de restauración ambiental.
La organización también hizo referencia a la falta de avances en materia de justicia ambiental, al señalar que denuncias presentadas por comunidades afectadas aún no han sido admitidas formalmente. Indicó que este retraso limita el acceso a mecanismos legales para la reparación del daño.
En ese sentido, Greenpeace exigió que el gobierno federal y Pemex informen de manera pública el volumen total del derrame, los costos de atención y remediación, así como el plan de restauración ambiental con metas y tiempos definidos.
Finalmente, la organización planteó que el caso del derrame en el Golfo de México se inscribe en un contexto más amplio de incidentes relacionados con la industria de hidrocarburos en el país, y reiteró su llamado a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental.
