Hermosillo, Sonora.- En el marco del foro ‘Matrimonio Infantil y Cohabitación Forzada en Sonora‘, realizado en el Congreso del Estado, la activista Eufrosina Cruz Mendoza hizo un llamado a reconocer estas prácticas como formas de violencia que deben ser tipificadas como delito, dejando atrás su justificación bajo usos y costumbres.
Durante su intervención, la también defensora de los derechos de mujeres indígenas advirtió que la normalización del matrimonio infantil y la cohabitación forzada responde a una deuda histórica del Estado en materia de educación, acceso a derechos y protección de la niñez.
“¿Es normal que una niña se case en este país a los 12 o 13 años? ¿Es normal que una niña cohabite con alguien que ni siquiera conoce y que este sistema lo haya justificado en la cultura y en la costumbre?”, cuestionó.
La activista subrayó que estas prácticas no deben entenderse como parte de la identidad cultural, sino como violaciones a la dignidad humana, al tiempo que compartió su propia experiencia como sobreviviente de este tipo de uniones, que señaló la también activista, la ha llevado a recorrer el país para visibilizar el problema.
“Empecemos a nombrar esa acción como lo que es: abuso sexual infantil. No es cultura, no es tradición, es violencia que históricamente se ha permitido”, expresó.
Cruz Mendoza señaló que México ocupa posiciones alarmantes en indicadores relacionados, como la cohabitación infantil y la trata, fenómenos que afirma están profundamente vinculados. En ese sentido, destacó la necesidad de que las legislaciones locales avancen en la tipificación específica de estos delitos y en la implementación de protocolos de atención.
En el caso de Sonora, indicó que ya existe una iniciativa en el congreso local para abordar la cohabitación forzada, lo que colocaría a la entidad entre los estados que han comenzado a legislar en la materia.
El foro contó con la participación de la diputada por Movimiento Ciudadano, Gabriela Danitza Félix Bojórquez, así como de representantes de organizaciones civiles, quienes coincidieron en la urgencia de generar políticas públicas que protejan a niñas y adolescentes, además de promover cambios culturales que erradiquen la normalización de estas prácticas.
La activista concluyó con un llamado a la sociedad a asumir su responsabilidad en la erradicación de estas violencias, al señalar que no basta con la indignación, sino que se requiere acción institucional y social para garantizar el derecho de niñas y niños a una vida libre de violencia.
