Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos, la diputada Ernestina Castro Valenzuela, de Morena, presentó una iniciativa para armonizar el marco jurídico estatal con los principios establecidos en la Constitución federal.
La propuesta, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contempla reformas a la Constitución local y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con énfasis en la disciplina financiera y la racionalidad del gasto público.
Entre los principales ejes, la legisladora planteó establecer un tope al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos, con el fin de garantizar un manejo responsable de los recursos.
Asimismo, se propone regular las remuneraciones de las personas servidoras públicas para que no superen los límites establecidos en el artículo 127 constitucional, además de prohibir prestaciones adicionales no contempladas en la ley.
Otro de los puntos centrales es la reconfiguración del número de regidurías en los ayuntamientos, mediante criterios basados en la población. De acuerdo con la iniciativa, esta medida permitiría reducir el número de regidores de más de 500 a cerca de 365 en todo el estado, manteniendo la representación proporcional, la pluralidad política y la inclusión de regidurías étnicas.
La propuesta también incluye medidas para evitar que magistrados, consejeros electorales y personal directivo perciban ingresos superiores a los límites constitucionales, eliminando compensaciones no previstas.
Castro Valenzuela subrayó el alcance de la iniciativa al señalar: “La presente iniciativa no constituye únicamente un ajuste técnico o administrativo, sino una decisión política de fondo orientada a transformar la relación entre gobierno y sociedad”.
Añadió que, ante la exigencia ciudadana de mayor transparencia, el Congreso de Sonora tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia nacional en materia de austeridad.
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Además, afirmó que estas acciones permitirán generar ahorros públicos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la legitimidad de las instituciones.
