Ciudad de México.- En 2024 las distintas fuerzas de policía en México recibieron 8.8 millones de llamadas de auxilio de personas que acababan de sufrir un delito. Sin embargo, en ese mismo periodo, menos de la cuarta parte de esos reportes se convirtieron en denuncias formales ante el Ministerio Público y se abrieron las carpetas de investigación correspondientes.
Las carpetas abiertas se mezclaron con una cantidad similar de casos que ya venían rezagados de años anteriores en los MP. Lo anterior formó un embudo de más de cuatro millones de casos del que apenas el 6 por ciento lograron avanzar hasta ser presentados ante un juez.
Y ya en la arena del Poder Judicial los procesos penales abiertos en ese año se sumaron con los rezagados, formando otro embudo del que apenas el 10 por ciento acabó a ser resuelto de alguna manera. Al final, los jueces solo dictaron poco más de mil condenas.
Los hallazgos anteriores forman parte del informe denominado Radiografía de la Impunidad 2024 relaborado por la organización México Evalúa en conjunto con la fundación Fiedrich Nuamann, y el cual por primera vez logró analizar el funcionamiento de sistema de justicia desde el primer contacto de la persona con la policía hasta los últimos tramos de la resolución de un proceso que llega a juicio.
“Existe una brecha estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia. Millones de reportes recibidos por las policías no encuentran cauce hacia investigaciones formales. Esta desarticulación impide aprovechar la riqueza de información criminal que producen las corporaciones policiales y refuerza la dependencia de las fiscalías en casos con detenido en flagrancia. En ese sentido, México exhibe una paradoja: sus policías reciben enormes volúmenes de información delictiva, pero esa información raramente detona procesos penales”, indica el análisis que será presentado públicamente esta mañana.
El reporte también hace una evaluación por estado e identifica 17 entidades donde el promedio de lo que denominan ‘índice de impunidad’ supera el 97 por ciento, siendo los casos más extremos Morelos y Jalisco, donde el 97 por ciento de los casos que ingresan se quedan sin ninguna solución.
Un sistema colapsado
Las encuestas de victimización que anualmente presenta INEGI documentan con frecuencia una ‘cifra negra’ (delitos no denunciados) que durante 14 años apenas ha fluctuado entre el 91 y 94 por ciento. Se trata de un porcentaje que supera al de otros países en condiciones similares, cuya cifra negra va del 50 al 70 por ciento. La baja confianza y reconocimiento en las instituciones de justicia son factores que parecen alimentar esta realidad
El informe de México Evalúa a través del estudio de diversos registros administrativos del propio INEGI logra retratar con números lo que definen como la “incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal”.
De acuerdo con un adelanto del informe al que este medio tuvo acceso, durante el 2024 las policías del país recibieron a través de las líneas de auxilio y asistencia 8 millones 827 ml 292 llamadas de persona que pidieron ayuda tras haber sufrido o visto algún tipo de delito.
Sin embargo, en ese mismo periodo, las agencias del Ministerio Público de las fiscalías Generales de Justicia del país solo recibieron 2 millones 157 mil 315 denuncias y querellas, que son menos de la cuarta parte de los posibles ilícitos reportados ante la policía.
“México exhibe una paradoja: sus policías reciben enormes volúmenes de información delictiva, pero esa información raramente detona procesos penales”, señala el informe, el cual pone una alerta entre la ‘desconexión’ que existe entre las instituciones de seguridad pública y las fiscalías.
Un caso que sí es denunciado y por el que se inicia una carpeta de investigación tampoco tiene muchas probabilidades de éxito. Lo anterior ya que esos casos se suman al rezago que ya de por si acarrean las fiscalías, generando una cantidad de trabajo inmanejable para las fiscalías. Tan solo en el 2024 los casos nuevos más los rezagados sumaron un total de 4 millones 126 mil 270 carpetas en total.
“La acumulación de casos no resueltos no es un fenómeno coyuntural sino sistémico. Entre 2019 y 2024 el rezago en fiscalías se duplicó, lo que implica que el sistema acumula más casos de los que puede resolver. El archivo temporal, aunque sea una respuesta necesaria en muchos casos en que se acaban las líneas de investigación, no es una solución y la mayoría de sus casos terminarán por prescripción, aumentando la impunidad”, agrega el reporte.
Del universo de carpetas acumuladas en 2024, entre iniciadas y rezagadas, solo 248 mil 931 que equivalen al 6.2 por ciento llegaron al ejercicio de la acción penal, es decir, a la fase donde los fiscales realizan una imputación formal ante un juez en contra de los probables responsables del delito.
Esta minoría de casos que llegan a la cancha del Poder Judicial se combina con otro universo de procesos que ya vienen iniciados de años previos y no se han resulto, lo que en 2024 generó un total de 627 mil 2 causas penales. Se trata de un nuevo embudo que el sistema de administración de justicia tan poco puede desahogar.
“Únicamente el 10.55% (66,192) de las causas abiertas alcanzó una resolución efectiva: 4.21% por suspensión condicional cumplida, 3.12% por procedimiento abreviado, 2.02%por juicio oral y 1.2% por MASC. Un porcentaje significativo (7.12%) se clasifica como otras resoluciones, categoría residual que impide evaluar si implica una respuesta sustantiva al proceso penal”, indica el estudio.
Del porcentaje de casos a juicio oral, las fiscalías obtuvieron de parte de los jueces 10 mil 120 sentencias condenatorias en contra de los probables responsables.
En este contexto y si se hace una proporción, en 2024 por cada sentencia condenatoria que un juez dictó se abrieron más de 213 carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público, y se reportaron ante la policía 872 nuevos delitos, con independencia de si se denunciaron o no.
¿Qué hacer?
Además de diagnosticar el problema, el estudio Radiografía de la Impunidad 2024 contiene un apartado con una serie de recomendaciones para avanzar en la conformación de un sistema de justicia más efectivo.
La primera prioridad es facilitar el acceso a la denuncia y reducir la cifra oculta mediante la simplificación de trámites y la diversificación de canales (presencial, telefónico y digital) con plena validez jurídica. Un cambio estructural propuesto es reconocer formalmente los reportes policiales al 911 y 089 como denuncias válidas, creando puentes institucionales para que las fiscalías aprovechen la información capturada por la policía.
Es imperativo transformar la gestión de fiscalías y tribunales hacia un modelo de investigación estratégica que supere la inercia de “integrar expedientes” heredada del sistema anterior. Esto incluye revisar y limitar el uso del archivo temporal, estableciendo criterios de rendición de cuentas para evitar que los casos se estanquen indefinidamente hasta su prescripción. Paralelamente, se debe expandir estratégicamente el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y la justicia cívica como salidas efectivas y rápidas para la mayoría de los conflictos.
Finalmente, el informe insta a adoptar la herramienta del “flujo procesal” para detectar y resolver cuellos de botella mediante la coordinación operativa entre policías, fiscales y jueces. Para ello, es necesario fortalecer la transparencia y la medición de datos, incrementando la periodicidad de los reportes del INEGI y eliminando categorías opacas como “otras resoluciones” que ocultan la inactividad judicial.
