Autoridades de Sinaloa informaron la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la privación ilegal de la libertad de diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, hecho ocurrido el 23 de enero en esa entidad.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las capturas se realizaron en dos operativos distintos.
En una primera acción, efectuada la tarde del 3 de febrero en el poblado El Verde, municipio de Concordia, fueron detenidos dos civiles, a quienes se les aseguraron dos armas largas tipo AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.
En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los Mineros Desaparecidos, autoridades detienen en Concordia a dos civiles; les aseguran fusiles, municiones y equipo táctico
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En un segundo despliegue, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de otras dos personas, que portaban un fusil SCAR Multi-Caliber, una pistola Glock 22, además de tres cargadores y 55 cartuchos de diversos calibres.
Por su parte, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, dio a conocer que durante cinco cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia fueron localizadas pertenencias de los diez mineros desaparecidos, lo que permitió reforzar las líneas de investigación.
“Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad”, afirmó Sánchez Kondo, quien agregó que también fueron asegurados tres teléfonos celulares y una computadora portátil.
Durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en Concordia, las autoridades detienen a una pareja con 2 armas, cargadores y cartuchos
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Las detenciones se registran días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declarara que el Gobierno federal “no va a parar” en los esfuerzos por localizar a los trabajadores mineros.
El funcionario explicó que en la zona donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, grupo que habría estado involucrado en la desaparición de los mineros y que fue designado como organización terrorista por Estados Unidos el año pasado.
El caso se inscribe en un contexto nacional marcado por la crisis de desapariciones, que afecta a al menos 133 mil familias en México, de acuerdo con registros documentados por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con fuerte presencia de grupos criminales.
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En este escenario, Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales del país, enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad, situación que ha impactado tanto a las comunidades locales como a sectores estratégicos, entre ellos la industria minera.
Con información de EFE
