PHOENIX, AZ- La actual política migratoria en los Estados Unidos parece diluir su responsabilidad cuando se trata de cifras sobre personas que murieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las cifras de la agencia federal no coinciden con el recuento realizado por organizaciones civiles, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reconoce 18 fallecimientos en el reporte del año fiscal 2025, un reporte elaborado por organizaciones civiles, periodistas de investigación y bases de datos médicas estatales documenta al menos 32 personas muertas tras haber estado bajo custodia de la agencia federal.
| Categoría | 2025 | 2026 (hasta enero) |
|---|---|---|
| Muertes en custodia de ICE (oficiales) | al menos 32 | al menos 6 (reportadas) |
| Muertes vinculadas a operativos y tiroteos | 4 (reportes de prensa) | 2 (reportadas) |
| Muertes de mexicanos en operativos/custodia | 10 (según SRE) | (aún sin reporte oficial) |
La diferencia radica, principalmente, en los criterios de contabilización. ICE excluye de su estadística los casos en los que la persona detenida muere tras ser trasladada a un hospital o liberada por razones médicas. “Ese enfoque reduce artificialmente el número real de muertes”, advirtió Human Rights Watch en su informe anual sobre detención migratoria: “Desde una perspectiva legal y humanitaria, esas muertes siguen ocurriendo bajo responsabilidad del Estado”.
Los requisitos del Congreso en la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional (2018) obligan a ICE a hacer públicos todos los informes sobre muertes bajo custodia en un plazo de 90 días.
Las cifras y su impacto en el acceso a la justicia
La propia política de ICE sobre la notificación de muertes de detenidos exige la notificación y la publicación de información en plazos determinados, pero la lista pública de la agencia se ha quedado rezagada con respecto a los recuentos de prensa, lo que ha generado discrepancias entre las cifras oficiales publicadas y los totales recopilados por periodistas, el Congreso y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El gobierno de México reportó a través de la secretaria de Relaciones Exteriores que 10 ciudadanos mexicanos fallecieron en operativos o bajo custodia de ICE en 2025
Por su parte, el conteo efectuado por el sitio web Factually agrupa estadísticas de medios de comunicación, las ONG, hallazgos de oficinas forenses locales y testimonios de familiares o abogados; las cartas del Congreso citaban “al menos 30” muertes a mediados o finales de diciembre, lo que refleja la variación en el recuento.
La falta de un procedimiento de conteo estándar federal unificado para reportar muertes bajo custodia impide investigaciones independientes y limita la posibilidad de sanciones administrativas o penales. Al excluir ciertos fallecimientos de sus conteos, ICE reduce el universo de casos sujetos a auditorías internas, demandas civiles o investigaciones del Departamento de Justicia. En la práctica, la estadística oficial cumpliría una función como un muro de contención frente a la rendición de cuentas.
Ciudadana estadounidense muere a manos de agente de ICE
Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue fatalmente baleada por un agente de ICE el 7 de enero de 2026 durante un operativo en Minneapolis. La agencia afirma que actuó en defensa propia tras una confrontación de tráfico, pero la versión ha sido objeto de disputas públicas y judiciales.
Según registros periodísticos, este caso es parte de al menos nueve incidentes en cinco estados y Washington D.C. en los cuales agentes de ICE abrieron fuego desde septiembre de 2025 hasta 2026, resultando en muertes durante operaciones federales de deportación.
La muerte de Silverio en Chicago, una herida abierta
El 12 de septiembre de 2025, Silverio Villegas González, de 38 años, fue abatido a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Franklin Park, un suburbio del área metropolitana de Chicago, Illinois, Estados Unidos.
La versión oficial detallo que agentes de ICE estaban haciendo un control de tráfico con intención de arrestarlo y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Villegas resistió órdenes de alto, trató de huir y embistió con su vehículo a un agente, quien resultó herido y según DHS fue “arrastrado una distancia significativa”, y por esto otro agente disparó.
Videos del incidente y de testigos que circulan en redes contradicen parcialmente la narrativa oficial, mostrando que Villegas no empujó directamente a los agentes hacia ellos y que el vehículo retrocedía cuando se hicieron los disparos.
El agente que dijo haber sido “arrastrado” fue grabado por su propia cámara corporal describiendo sus lesiones como “nada mayor”.
Respecto a este caso, el concejal del Distrito 25, Byron Sigcho López, señaló la necesidad de reforzar las políticas locales para atender los desafíos actuales de la ciudad y pidió mayor coordinación entre las autoridades municipales y estatales para garantizar resultados concretos para la comunidad.
En entrevista con Proyecto Puente, el funcionario destacó que el impacto de las decisiones públicas se mide directamente en los barrios, donde, añadió, los residentes esperan respuestas rápidas y soluciones efectivas. En ese sentido, subrayó que el gobierno local está haciendo esfuerzos para responder a las demandas ciudadanas, aunque reconoció que persisten limitaciones presupuestarias y estructurales.
“El enfoque tiene que estar en la gente y en cómo estas políticas afectan su vida diaria”, afirmó el concejal, al insistir en que las iniciativas deben diseñarse desde una perspectiva comunitaria y no únicamente administrativa.
¿Qué dice la ley?
Un agente de ICE (Immigration and Customs Enforcement) o del DHS (Department of Homeland Security) puede ser investigado administrativamente o penalmente en diversos supuestos, igual que cualquier otro funcionario federal. La diferencia es que existen procedimientos y jurisdicciones específicas.
A continuación, los principales escenarios, organizados por tipo de responsabilidad, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG).
- Viola políticas internas
- Comete delitos federales o estatales
- Vulnera derechos civiles
- Abusa de su autoridad
- Actúa fuera de sus funciones o sin justificación legal
