Hermosillo, Sonora.- La defensa de Víctor Guerrero, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) durante la administración de Claudia Pavlovich, aseguró que su cliente se encuentra en prisión pese a haber sido quien detectó y ordenó denunciar presuntas irregularidades en un fondo destinado a prestaciones de trabajadores de la educación.
En entrevista para Proyecto Puente, Otoniel Gómez, abogado de Guerrero, negó que exista el delito de peculado y acusó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) de omitir líneas de investigación y de no actuar contra la empresa que administraba el fideicomiso relacionado con el caso.
El defensor explicó que los recursos cuestionados no eran públicos, sino aportaciones privadas de los trabajadores de la SEC, creadas para cubrir siniestros como invalidez y fallecimiento, conforme a convenios vigentes desde años anteriores entre el gobierno estatal y el sindicato.
Según la versión de la defensa, el esquema operó con normalidad hasta la pandemia. Al reanudarse actividades, surgieron quejas por pagos no realizados, lo que llevó a Guerrero —entonces titular de la SEC— a requerir información al comité técnico y, ante inconsistencias entre lo reportado por la empresa y los registros de la dependencia, instruir la presentación de una denuncia en 2021.
Gómez detalló que Guerrero no formaba parte del comité técnico ni tenía acceso a las cuentas del fideicomiso; la administración y pagos dependían de una empresa fiduciaria y la compañía contratada.
“Si existiera un faltante, tendría que investigarse a quienes administraban el fondo, no a quien ordenó denunciar”
La defensa también señaló que, pese a la denuncia, las transferencias al fideicomiso continuaron durante meses y que, posteriormente, el esquema de prestaciones se mantuvo con ajustes en la administración, incluso bajo la actual gestión, lo que —a su juicio— contradice la tesis de un delito.
Añadió que no existe pronunciamiento del SAT que establezca que los recursos debían tratarse como impuestos, argumento central de la acusación.
Actualmente, Guerrero —de alrededor de 65 años— lleva cuatro meses en prisión, mientras su defensa promueve recursos legales, incluido un amparo, para acreditar que no hubo peculado, que no se perdió dinero en el traslado al fondo y que la investigación no ha esclarecido si existió un faltante ni quién sería responsable.
“El caso está al revés: quien detecta la irregularidad termina encarcelado”, concluyó el abogado, al insistir en que la indagatoria debe enfocarse en la empresa administradora y el fiduciario, únicos con control directo de los recursos.
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