Hermosillo, Sonora.- Víctor Guerrero, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora durante la administración de Claudia Pavlovich, difundió una carta dirigida a la opinión pública en la que niega haber cometido el delito de peculado, por el cual fue vinculado a proceso y actualmente permanece privado de su libertad.
Guerrero fue detenido el 28 de agosto de 2025 luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado e incumplimiento de un deber legal, relacionados con el manejo de recursos de la SEC durante el anterior sexenio priista.
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El pasado 3 de septiembre en Proyecto Puente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, reveló que durante la administración de Pavlovich en la SEC se realizó un daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos. Explicó que los recursos desviados correspondían al capítulo 1000 de servicios personales, destinados a nóminas y prestaciones del personal, y fueron transferidos a la empresa Consulta Actuarios, que nunca cumplió con lo ofrecido. Las transferencias se realizaron entre 2018 y 2021, primero a un fideicomiso bancario y luego a una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL).
Según el fiscal Anticorrupción, Guerrero, junto con Francisco Alberto Curiel Montiel, exsubsecretario de Planeación, desviaron los recursos bajo la modalidad de un “programa de beneficios múltiples”, que requería autorización del SAT, la cual nunca se otorgó: “Desviaron recursos que debían destinarse a su objetivo original y los canalizaron a otro”, indicó.
La carta de Guerrero
En el documento, el exfuncionario sostiene que los recursos investigados no corresponden a fondos públicos, sino a retenciones salariales de trabajadores de la educación. De acuerdo con su versión, dicho esquema financiero existe desde 1986 y deriva de un acuerdo laboral con la Sección 54 del Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Educación (SNTE).
Guerrero señala que durante su gestión al frente de la SEC detectó irregularidades en la operación del Plan de Beneficios Múltiples, motivo por el cual, asegura, en 2021 presentó una denuncia contra la empresa Consulta Actuarios, relacionada con la administración de dichos recursos.
En la carta también afirma que la demanda civil interpuesta contra la empresa fue detenida en 2024, sin que hasta ahora se haya dado una explicación pública sobre esa decisión.
En contraste, acusa a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora de omitir pruebas relevantes y de reorientar la investigación penal únicamente en contra de exfuncionarios del sexenio anterior.
Finalmente, el exsecretario exige transparencia en el desarrollo del proceso judicial y advierte que, en caso de que las autoridades determinen que los recursos involucrados son de carácter público, también deberían investigarse a funcionarios de la actual administración que hayan tenido relación con su manejo.
Documento íntegro
‘Pato’ de Lucas
Cabe recordar que en este mismo caso referente al “Plan de Beneficios Múltiples” está implicado Ernesto de Lucas Hopkins, también exsecretario de Educación y excandidato al Senado por Movimiento Ciudadano en 2024.
De hecho, ‘Pato’ de Lucas fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de peculado, según informó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) en diciembre pasado.
De acuerdo con la FAS, el exfuncionario es acusado de haber suscrito contratos durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), los cuales habrían permitido que, una vez que dejó el cargo, se desviaran recursos públicos destinados al pago de impuestos.
Según la investigación, los fondos habrían sido canalizados mediante un fideicomiso denominado ‘Plan de Beneficios Múltiples‘, el cual carecía de autorización fiscal.
La autoridad sostiene que, a través de este esquema, se distrajeron recursos de la partida de nómina estatal, presuntamente en complicidad con otros servidores públicos y particulares, para fines distintos a los legalmente establecidos.
El exsecretario de Educación enfrentará el proceso penal en libertad, mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses, con vencimiento el 13 de marzo de 2026.
