La periodista Peniley Ramírez reveló los detalles de los convenios que los gobiernos de la Ciudad de México y Monterrey, así como el gobierno federal, firmaron con la FIFA para ser sedes del Mundial 2026, comprometiéndose a asumir una amplia gama de costos y concediendo exenciones fiscales totales al organismo.
En Aristegui en Vivo, Ramírez explicó que tuvo acceso confidencial a dos convenios idénticos firmados en Zúrich en junio de 2022, uno por el entonces alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y otro dirigido a la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y firmado por el titular del Instituto del Deporte capitalino, Javier Hidalgo. También accedió a un documento federal de garantías fechado en junio de 2025.
Exención fiscal total para la FIFA y sus “clientes”
Uno de los puntos más relevantes, según el análisis de la periodista y tres abogados especializados que consultó, es la exención fiscal. “México se compromete a una extensión total de impuestos a la FIFA”, declaró Ramírez. Es decir, la FIFA no pagará impuestos por los beneficios comerciales del evento en México.
Además, la periodista destacó que el documento agrega “otra categoría a la que llama clientes FIFA y dice que México también condonará impuestos a todos los clientes FIFA“, un concepto que, según dijo, no está especificado y del cual el gobierno no tendría conocimiento pleno, extendiendo el beneficio fiscal a otras entidades privadas.
México asume todos los costos operativos y de “limpieza social”
Ramírez detalló una serie de obligaciones económicas que recaerán en el erario. México deberá financiar la “limpieza social de dos kilómetros a la redonda de los estadios”, lo que implica remover toda venta ambulante o anuncios no oficiales, garantizando que la FIFA no tenga competencia comercial. También pagará todas las señalizaciones del evento, proporcionará una oficina gratuita a la FIFA y cubrirá todos los costos de logística y orden vial.
Un compromiso particular señalado es el transporte gratuito. “Todas las personas que vayan al estadio… pueden tomar transporte público… sin ningún costo”, afirmó la periodista, lo que representa un gasto directo y una afectación a otros usuarios.
En el ámbito legal, los convenios contienen cláusulas que, según el análisis presentado, son extraordinarias. México se compromete a no litigar ningún caso derivado del evento en tribunales nacionales, dirimiendo las controversias directamente en “tribunales internacionales”, lo que incrementa los costos y complejidad.
Asimismo, “México renuncia a la inmunidad“, lo que significa que, en caso de un fallo legal adverso en el extranjero, un juez podría ordenar el embargo de propiedades del Estado mexicano fuera del país, una protección diplomática de la que normalmente gozaría.
La “cláusula unilateral”: un “cheque en blanco”
Para Peniley Ramírez, la cláusula más problemática es una que otorga a la FIFA la potestad de modificar unilateralmente los acuerdos. “La FIFA unilateralmente podrá agregar otras obligaciones a los contratos… y México tendrá que aceptar”, explicó. Esta disposición es la que, según sus fuentes especializadas, justifica el título de su reportaje: es un “cheque en blanco” donde México se obliga a cumplir compromisos futuros no especificados.
La periodista concluyó subrayando la necesidad de transparencia. Aunque ser sede trae beneficios intangibles, como ciudadanos “merecemos saber cuánto cuesta, de dónde sale ese dinero y cómo se están tomando esas decisiones”. Hasta el momento, indicó, las respuestas de las autoridades involucradas han sido evasivas o inexistentes.
