Por Luis Puebla Corella
El pasado primero de noviembre, una explosión seguida de un incendio en la tienda Waldos del centro de Hermosillo provocó la muerte de 24 personas, entre las que se encontraron familias completas, niños, personas mayores y trabajadores del establecimiento. Nuevamente las intransigencias tanto de autoridades como de empresarios han puesto a nuestra ciudad en el mapa de las tragedias.
A un mes de lo sucedido, el gobierno estatal ha destituido a sus referentes de la protección civil, ha anunciado un aumento de alrededor del 50% de su presupuesto y ha planteado una reestructuración mediante la profesionalización de su personal, el reforzamiento de inspecciones y el cumplimiento regulatorio. Una tarea que llega dolorosamente tarde, aún después de la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC hace 16 años en esta misma ciudad.
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A pesar de este sentir hacia Hermosillo como un espacio condenado a la tragedia, la realidad parece indicarnos una sociedad mexicana que padece estos desastres continuamente. El incendio del centro de migrantes de Ciudad Juárez o de discotecas en diferentes partes del país, la explosión de una pipa en Iztapalapa, las muertes por inundaciones en Veracruz, los accidentes por derrumbes y explosiones mineras, el cauce de un arroyo al interior de un fraccionamiento, entre muchos otros eventos como desgajes de cerros, derrumbes, zanjas y socavones gigantes en zonas urbanas sólo muestran el endeble estilo de vida que llevamos y la ausencia gubernamental hacia la protección de las personas.
Se entiende lo burdo que es meter a todos estos eventos a una misma bolsa, dado que hay cuestiones difícilmente previsibles, donde un cruce de acontecimientos fortuitos conduce a sucesos extraordinarios. Sin embargo, es precisamente la labor de la protección civil el gestionar los riesgos hacia la población en función a sus actividades y entornos. Es decir, una labor precisa de planificación, de disminución de riesgos a través de la prevención. Todo lo contrario, a la probada reacción mexicana, donde el Plan DN3 y la sociedad civil han evidenciado su eficacia frente a la desgracia.
En este sentido, muchas veces los desastres antrópicos y naturales son el resultado de decisiones equivocadas sobre cómo y dónde se construye. Y en esa ecuación, dos actores tienen un papel decisivo, pero históricamente desarticulado: los organismos de protección civil y los instrumentos de planeación territorial, como los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) y los Ordenamientos Ecológicos del Territorio (POET).
Su desencajada relación suele provocar que la protección civil sea mucho más demandada de lo que fuera si la ciudad se desenvolviera bajo los preceptos de la planeación territorial. Sobre esto último, basta decir que contar con un PMDU o un POET no es suficiente para alcanzar una cultura de la planeación y prevención, si no se operan debidamente. Para ello es fundamental contar con la capacidad técnica necesaria al interior del municipio y estado, pero más que todo, construir los instrumentos desde la comunidad, así como fuertes campañas de socialización para que sea la misma población la vigilante del cumplimiento de estas políticas.
Estos instrumentos constituyen la primera línea de defensa de la protección civil. Como uno de sus principales insumos se tiene al Atlas de Riesgo, el cual, generalmente desarrollado desde los organismos de Protección Civil, identifica los principales riesgos, tanto naturales como antropogénicos. Información con la cual los PMDUs y POETs proceden a definir los usos de suelo, las áreas no urbanizables, los espacios sujetos a la conservación ecológica o restauración, así como la intensidad constructiva, entre otras cosas.
Sobra decir que, para el estado de Sonora, el más minero del país, no se cuenta con un solo Programa de Ordenamiento Ecológico Local que señale una norma técnica de usos del suelo no urbanos. Cuya ausencia implica restar un mecanismo para que la comunidad exponga sus preocupaciones y condiciones hacia actividades de alto riesgo como la extracción de minerales. Dado que, a través de este instrumento, es posible visibilizar y prever los riesgos por contaminación de suelo, aire y agua que contienen ciertas actividades en el espacio no urbano; en contraste a las famosas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) las cuales se construyen de manera reactiva y sectorial, como respuesta a las consecuencias ambientales implicadas en una pretendida inversión.
También, estos instrumentos consideran la capacidad que tiene la naturaleza de protegernos de eventos de riesgo. Manglares que amortiguan huracanes, dunas que evitan inundaciones, humedales que contienen avenidas de agua, son algunos ejemplos de cómo la misma naturaleza deshabilita o disminuye los riesgos. Sin embargo, cuando estos ecosistemas desaparecen para dar paso a fraccionamientos o infraestructura mal planificada, la respuesta es inversa, tal como sucedió hace unos meses en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo al norte de Hermosillo, donde un arroyo halló su salida entre las casas causando importantes daños materiales.
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El punto clave es reconocer que la prevención está en el territorio, no en las sirenas. Cuando la protección civil y los instrumentos de planeación territorial funcionan juntos, los desastres y sus efectos se pueden reducir antes de que ocurran. Cuando funcionan separados, el riesgo crece en silencio.
Al final, la verdadera protección civil ocurre años antes, en un plano, bajo una norma que indique concienzudamente dónde, cómo, cuánto y qué se puede construir. El reto es crítico y tanto Sonora como el resto del país enfrentan la necesidad de generar sus instrumentos de planeación territorial locales con criterios actualizados de protección civil.
El autor es Planificador Territorial. Miembro de la Agencia de Planeación Territorial. Integrante de la RED Hermosillo ¿Cómo Vamos?
