El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, participó este martes en la quincuagésima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El encuentro tuvo como objetivo reforzar la estrategia nacional de seguridad y consolidar el combate a la extorsión en el país.
Ante gobernadoras y gobernadores de todo el país, Durazo Montaño subrayó el liderazgo de las instituciones de seguridad y la coordinación plena entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar la incidencia delictiva. Durante la sesión se aprobaron 11 acuerdos, entre ellos la homologación de la Ley General contra la Extorsión en las entidades federativas.
“Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, alcanzamos acuerdos muy importantes en el combate a la extorsión y otros delitos que afectan directamente a las familias, fortaleciendo acciones que promueven entornos más seguros, mayor tranquilidad y una atención cada vez más cercana y eficaz”.
“Reiteramos que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México”, señaló el mandatario sonorense.
En su intervención, Sheinbaum enfatizó que uno de los principales retos del país es erradicar la extorsión.
Recordó que se realizó una modificación constitucional para que este delito sea considerado federal, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y perseguido de oficio, lo que permitirá imponer sanciones más severas.
Por su parte, García Harfuch informó que durante los primeros 14 meses de la actual administración federal se han detenido a más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto.
En el caso de Sonora, la implementación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión agilizará la respuesta institucional y reducirá los niveles de impunidad al convertir este delito en una falta federal perseguida de oficio.
Además, permitirá fortalecer las áreas especializadas dentro de la Fiscalía estatal.
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También se prevé mejorar la operación de la línea 089 para facilitar denuncias anónimas y seguras de ciudadanos y sectores productivos afectados, garantizando procesos más claros y homogéneos mediante la aplicación del Manual Nacional de Actuación, con el fin de evitar criterios dispares entre entidades.
