La Cámara de Diputados aprobó este 9 de diciembre una reforma que prohíbe por completo la producción, importación, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en el país. La decisión se basa en la evidencia científica que señala que estos aparatos, promovidos como alternativas “menos dañinas” al tabaco, representan riesgos respiratorios, cardiovasculares y neurológicos que han encendido alertas sanitarias.
Según análisis de Cofepris y estudios internacionales, los aerosoles generados por estos dispositivos no son vapor inocuo, sino mezclas de glicerina, propilenglicol y saborizantes que, al calentarse, liberan sustancias tóxicas como formaldehído y acroleína, asociadas a múltiples padecimientos.
Principales daños causados por los vapeadores
- Afectaciones respiratorias: irritación constante, inflamación de las vías respiratorias, agravamiento del asma y presencia de EPOC en usuarios frecuentes.
- Neumonía lipoidea: provocada por la inhalación de aceites presentes en algunos líquidos, causa tos intensa, dolor en el pecho y dificultad para respirar.
- Sustancias tóxicas: exposición a formaldehído, acroleína y otros compuestos liberados al calentar glicerina y propilenglicol.
- Metales pesados: presencia de níquel, estaño, plomo y cromo que pueden acumularse en los pulmones.
- Daños cardiovasculares: alteraciones circulatorias, mayor riesgo de arterioesclerosis e incluso infartos.
- Adicción a la nicotina: altamente adictiva, afecta el desarrollo neurológico en adolescentes y favorece la dependencia.
- Sustancias no reportadas: Cofepris ha detectado más de 30 componentes no declarados en distintos dispositivos.
- Riesgo para terceros: el aerosol exhalado puede dañar a personas expuestas de manera pasiva.
La discusión legislativa se desarrolló en un contexto de aumento del consumo entre adolescentes y advertencias de autoridades sanitarias, que consideran los vapeadores una puerta de entrada a otras adicciones. Con 324 votos a favor y 129 en contra, los diputados aprobaron en lo general la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma endurece sanciones y busca frenar el mercado ilegal
La modificación a la Ley General de Salud establece penas de uno a ocho años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen sistemas electrónicos de administración de nicotina o productos equivalentes. También prevé multas que pueden superar los 226 mil pesos, al multiplicarse por miles de veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Ningún vapeador en circulación cuenta con autorización sanitaria de Cofepris, lo que confirma su carácter ilegal dentro del mercado formal. Con la reforma, el gobierno federal busca limitar el acceso a estos dispositivos, reducir los riesgos asociados y alinearse con las recomendaciones internacionales sobre los daños del vapeo.
