Un Tribunal Federal confirmó por unanimidad la suspensión definitiva que impide, por ahora, la apertura del juicio oral contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso penal por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Durante la sesión del 1 de septiembre, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declararon infundados los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que había presentado un recurso de queja contra la suspensión concedida al exmandatario.
El magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde explicó que el juez que otorgó la medida actuó conforme a la Ley de Amparo. Señaló que la Fiscalía planteó de manera general argumentos relacionados con el interés social y el orden público, aspectos que, dijo, ya fueron considerados por el legislador.
“Por eso es que nosotros estamos considerando infundados los conceptos de agravio y, por tanto, declarando infundado el recurso de queja”, manifestó durante la sesión.
La suspensión fue concedida previamente por Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien admitió a trámite el amparo promovido por Ruffo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra.
La medida permite que el proceso penal continúe hasta la etapa intermedia, pero ordena a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega no declarar la apertura del juicio oral mientras se resuelve el amparo.
Ruffo fue vinculado a proceso en julio junto con otras siete personas, luego de que la FGR los señalara por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible mediante ferrotanques y operaciones relacionadas con la introducción ilegal de hidrocarburos al país.
Según la Fiscalía, la investigación involucra a diversas empresas y personal de aduanas. Entre los datos expuestos por la autoridad se encuentran movimientos superiores a 3 mil 075 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares relacionadas con la empresa Ingemar.
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La FGR habría solicitado 25 órdenes de aprehensión como parte de la investigación. La decisión del Tribunal representa un revés procesal para la Fiscalía, pero no implica la exoneración de Ruffo ni el cierre del proceso penal en su contra.
