Por Ana Gamboa y José Manuel Ávalos
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México en la que expresa “profunda preocupación” por la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el Golfo de California, en Sonora y Sinaloa.
En la carta, firmada por nueve relatorías especiales y remitida el 2 de septiembre, la ONU advierte que la instalación de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá— así como dos gasoductos (Sierra Madre y Corredor Norte), podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, “a costa de la salud, los ecosistemas, las comunidades y los compromisos climáticos del país”.
El organismo multilateral señala que permitir el avance de estos proyectos sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin la participación de las comunidades afectadas pondría a México en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su Constitución.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales”, cita la comunicación, que también avisa que estas operaciones pueden afectar derechos como la alimentación, la salud, un ambiente limpio y el desarrollo de las comunidades. “La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, recuerdan los relatores.
La intervención de la ONU ocurrió tras una comunicación enviada en diciembre de 2024 por 25 personas de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles, quienes solicitaron apoyo para frenar la expansión fósil en una región conocida como “el Acuario del mundo” por su valor ecológico. En su petición, pidieron exigir a México y Estados Unidos información completa, consulta a las comunidades e investigaciones independientes sobre los posibles daños a la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias.
“México ya no puede decir que no sabía”: activista
A esta postura se sumó Cecilia García Muñoz, directora de comunicación de la organización Defensa Ambiental del Noroeste, quien señaló que el mensaje enviado desde la ONU a México, Estados Unidos y Singapur por estos proyectos en Sonora y Sinaloa parte de las preocupaciones que externaron desde su organización en 2024.
“Hace un año, por estas fechas, acompañamos a miembros de las comunidades del Golfo de California, personas que viven en Bahía de los Ángeles, Loreto, La Paz, Mazatlán, Hermosillo, y a otras organizaciones muy preocupadas por estos anuncios que se han estado haciendo.
No solamente desde la industria del gas, sino también veíamos a autoridades tanto estatales como federales considerando como una buena idea industrializar el Golfo de California poniendo plantas de licuefacción de gas”.
Estas preocupaciones se enviaron a dos relatoras de la ONU (Cambio Climático y Derechos Humanos), un escrito en donde externaron estas preocupaciones; un año después, hace unos días, estas dos relatoras y otras siete más, se sumaron al llamado a México sobre estos proyectos.
García Muñoz dijo que esperan que las autoridades, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el Gobierno de Sonora, tomen una postura contundente y que cancelen estas obras que más preocupan por su impacto al medio ambiente, territorio, ecosistemas y comunidades.
“Que tengan una postura determinante, es decir, ahora el Estado Mexicano no puede decir que no sabía que autorizar esos proyectos hacían correr tremendos riesgos a la salud, al aire, al agua, al clima. Ya no puede decir que no sabía porque hay una comunicación oficial desde las Naciones Unidas.
Nuestra expectativa es que a partir de ese conocimiento, haya un pronunciamiento serio como el que se espera de una presidenta científica, conocedora de los problemas del cambio climático y una definición de México como líder nacional que cierre las puertas a las industrias fósiles”.
Además, dijo, se trata de un gas que se llevará a los mercados asiáticos para que sea en ese lugar donde suceda el desarrollo energético: si el gas es estadounidense y el cliente es asiático, ¿por qué México se llevaría los severos impactos de la industria fósil?, cuestionó.
México bajo escrutinio internacional
Además de México, la ONU emitió comunicaciones similares a los países de origen de las empresas involucradas —Estados Unidos y Singapur— y a las compañías que buscan instalar las terminales.
Las organizaciones firmantes del comunicado difundido este día aseguraron que, con esta notificación, México queda bajo “escrutinio internacional formal” y que cualquier decisión que facilite los megaproyectos será vista como una responsabilidad directa del Estado.
Afirmaron que la industrialización del Golfo de California “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho y erosiona la credibilidad del país”.
Las agrupaciones pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades ambientales revocar autorizaciones otorgadas “irregularmente”, suspender las evaluaciones en curso hasta contar con información completa, detener la expansión fósil, garantizar el consentimiento libre e informado de comunidades indígenas y alinear la política energética con la transición justa.
“México tiene hoy la oportunidad de romper el guion fósil y demostrar que su compromiso climático es real. Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”, concluyeron.
