Agua que no has de beber, déjala correr… si aún queda (dicho popular actualizado).
Socialmente, se fortalece la percepción de que la construcción de las presas “para garantizar el abasto de agua a Hermosillo por los próximos 30 años” es una broma pesada, o un plan con dedicatoria minera.
Se tiene claro que el desperdicio en Hermosillo es de más del 50 por ciento del agua que ingresa a la red distribuidora, y que la inversión de 7,500 millones de pesos para las obras anunciadas en el Plan Hídrico serán, en estas condiciones, un gasto inútil y en resumidas cuentas un desperdicio.
La cosa se pone aún más triste si se considera que el río Sonora no tiene un flujo que le permita llegar al mar, porque desde su nacimiento es mermado por múltiples concesiones en beneficio de la explotación minera.
A esto hay que agregar que la calidad del agua que corre por el río Sonora es mala porque transporta una buena cantidad de metales pesados producto del derrame tóxico de agosto de 2014, originado en la presa propiedad de Grupo México en Cananea.
En otras palabras, el agua que recorre la cuenca del río Sonora incluida la ciudad de Hermosillo está contaminada. Cabe recordar la alarmante incidencia de cáncer en pueblos ribereños como, por ejemplo, Ures.
Ha habido promesas y compromisos de remediación del río, así como instalación de plantas potabilizadoras, hospitales y consultas especializadas en el tratamiento de víctimas de envenenamiento por metales pesados, pero a poco más de una década, nadita de nada.
Así pues, la inversión milmillonaria anunciada para “dar agua a Hermosillo” carece de seriedad si se mira en su contexto. Tenemos un río que corre precaria e intermitentemente, presas vacías y una población que sufre los efectos de la desertificación que deriva de la construcción de presas, más los efectos de la contaminación.
Sin embargo, a contrapelo de la realidad que viven los supuestos beneficiados, el gobierno insiste en dar cauce a los proyectos (con especificaciones aún desconocidas) de la construcción de las presas, por lo que tenemos el extraño caso de unas obras de infraestructura hidráulica que ya tienen presupuesto, pero carecen de los estudios técnicos integrales que las sustenten, desde el estudio hidrológico y de suelos hasta el impacto ambiental y social en la cuenca.
Se habla de una consulta pública, pero los pobladores ribereños ya han manifestado su firme oposición al proyecto debido a la experiencia que tienen sobre los impactos de las presas, porque la cortina impide el flujo el agua y, en consecuencia, no hay posibilidades de recarga de los mantos acuíferos, se presenta la desertificación y es inviable la actividad agrícola.
Señalan que el panorama aguas abajo de la presa el Molinito demuestra lo anterior y que actualmente no se recomienda la construcción de presas por los daños ambientales que ocasionan, según criterio internacional.
Al poner un tapón (porque eso es una presa) a la corriente del río, se impide la recarga de los mantos acuíferos y la perforación de pozos tiene que ser más profunda, lo que conlleva mayor acumulación de sustancias minerales (como cobre y arsénico, entre otras) que contaminan el agua y, consecuentemente, disminuyen su calidad y potabilidad.
El movimiento ciudadano de defensa del río Sonora y la vida, sustenta su oposición en la experiencia y en la opinión de especialistas independientes y universitarios, quienes señalan la urgencia de remediar la contaminación del río, instalar servicios de salud y potabilizadoras, así como rehabilitar la red de distribución de agua en Hermosillo, así como controlar la extracción para permitir la recuperación de los mantos acuíferos que surten la ciudad capital del Sonora, donde hay sobreexplotación del recurso.
Lo que se sabe hasta ahora, es que las mineras (Grupo México y algunas extranjeras) tienen el 55 por ciento del agua concesionada, sin que el desastre ambiental de 2014 haya afectado para nada su situación privilegiada, frente a muchas comunidades originarias de la región que padecen de falta de agua y contaminación.
El desestimar la protesta y los argumentos de los pueblos del río Sonora bajo el supuesto de que son simples opiniones si conocimiento del “proyecto”, ignorando el hecho de que las objeciones están fundamentadas en la experiencia y recursos técnicos tanto de productores locales y expertos universitarios como de especialistas independientes con conocimiento directo del terreno es, por decir lo menos, temerario y desafortunado.
Estamos ante una buena oportunidad para que el gobierno federal y el estatal honren la promesa de cambio en la orientación de la administración pública, y acatar el mandato popular que la hace posible. Recordemos que “con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”.
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En este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación debe tener sensibilidad y poner mucha atención en no dar respiración artificial a los carroñeros de una oposición dispuesta a descarrilar cualquier proyecto transformador, pese estar “política y moralmente derrotada”.
