El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, negó este jueves que el gobierno peruano contemple ingresar por la fuerza a la embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada por el país norteamericano desde hace dos semanas.
“Esa posibilidad es una hipótesis negada. Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano”, afirmó Álvarez en una entrevista con Canal N.
Las declaraciones se producen en medio de la tensión diplomática entre Lima y Ciudad de México, luego de que la administración mexicana otorgara asilo a Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El gobierno interino de José Jerí anunció que consultará con los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) una eventual modificación de la Convención de Caracas —que regula el asilo político diplomático— antes de evaluar la emisión del salvoconducto que permitiría a Chávez abandonar territorio peruano.
Álvarez precisó que el tiempo de dichas consultas “depende de la OEA y de la voluntad de los países”, por lo que podría extenderse “meses” o resolverse “en pocas semanas”.
Confirmó además que el canciller Hugo de Zela expondrá ante el organismo regional lo ocurrido, al señalar que existe “una práctica continua, sistemática” de otorgar refugio a personas formalmente acusadas de delitos previstos en el Código Penal e infracciones constitucionales.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional determinó que su detención se prolongó de manera arbitraria por una omisión de la Fiscalía.
Tras recuperar su libertad, recibió asilo del gobierno de Claudia Sheinbaum y fue acogida en la residencia del embajador mexicano en Lima, donde permanece desde entonces.
La concesión del asilo motivó que Perú rompiera sus relaciones diplomáticas con México, ya deterioradas desde 2023, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —y posteriormente el de Sheinbaum— desconoció la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte.
“Mucho menos [vamos a] quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas”, insistió Álvarez al rechazar cualquier acción de fuerza. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo “denunciará a México oportunamente en sedes internacionales, con las evidencias en la mano”, al acusar al gobierno mexicano de injerencia en asuntos internos.
El primer ministro reiteró que Chávez no podrá salir del país “si no es por un mandato expreso, avalado por la cancillería”, en referencia al salvoconducto cuya entrega sigue en evaluación mientras persiste el impasse diplomático.
