Un juez federal de Estados Unidos ordenó la libertad bajo fianza de cientos de migrantes detenidos durante las recientes redadas migratorias realizadas en el área metropolitana de Chicago, Illinois, como parte de la “Operación Midway Blitz” impulsada por la administración de Donald Trump.
El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo presentado por abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, quienes argumentaron que las detenciones violaron un acuerdo judicial vigente en Illinois y en cinco estados vecinos.
Las personas sujetas a liberación deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto dependerá de cuántos migrantes no hayan abandonado el país voluntariamente o no hayan sido deportados. La medida aplica únicamente a quienes no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.
En Illinois, el Consentimiento Castañon-Nava de 2022 limita las circunstancias en que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.
Durante la audiencia, el juez resolvió otorgar una “reparación equitativa”, ordenando la libertad provisional mediante “alternativas a la detención”, como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento virtuales con agentes de inmigración a través de aplicaciones móviles.
Cummings también ordenó al Departamento de Justicia revisar todas las detenciones que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del 19 de noviembre, para posteriormente tomar las medidas correspondientes.
El mes pasado, el juez había determinado que los agentes federales que operaron en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo judicial. Desde entonces, los abogados de ambas partes trabajan para identificar cuántos arrestos incumplieron el consentimiento previamente firmado.
El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, señaló a medios locales que “casos como estos ocurren a diario”. Según explicó, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.
Fleming precisó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una lista con 3,800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza reportó 1,200. Sin embargo, advirtió que podría haber duplicados, por lo que no existe una cifra definitiva. Además, ambas listas incluyen detenciones solo hasta principios de octubre, y alrededor de mil personas ya no se encuentran en Estados Unidos tras firmar órdenes de expulsión voluntaria.
Durante la audiencia, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentaron que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.
Según sostuvieron, “el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad”.
Con información de EFE
