Organizaciones civiles, activistas y especialistas en salud pública se manifestaron este martes frente al Senado de la República para exigir que no se debilite el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava las bebidas azucaradas y con edulcorantes, actualmente en revisión como parte de la discusión fiscal.
Durante la protesta, los manifestantes instalaron una lata inflable de cinco metros de altura con la palabra “diabetes” en lugar de una marca comercial, acompañada de la advertencia: “Los edulcorantes también hacen daño”.
Las organizaciones convocantes advirtieron que el consumo de refrescos está vinculado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares al año, así como con 46 mil muertes atribuibles directamente a estas bebidas.
“El impacto sanitario y económico de los refrescos es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el país”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
“Los costos los pagamos con un sistema de salud en crisis, incapaz de enfrentar sus daños, como tampoco lo pueden hacer nuestros bolsillos y menos los de las poblaciones más vulnerables”, agregó.
Por su parte, Paulina Magaña, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), pidió al Senado mantener e incluso fortalecer el impuesto.
“Estamos ante un momento histórico en el que las y los senadores tienen la responsabilidad de proteger la salud de la población mexicana mediante la aprobación del incremento a los impuestos saludables”, expresó.
Doré Castillo, directora de Salud Crítica y coordinadora de la Coalición ContraPESO, cuestionó que las bebidas con edulcorantes hayan quedado fuera del mismo nivel de gravamen.
“La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes para controlar el peso, y estudios científicos advierten riesgos cardiometabólicos por su consumo frecuente”, subrayó.
Desde una perspectiva económica, Iván Benhumea, de la organización Fundar, destacó que la obesidad y el sobrepeso le cuestan a México alrededor de 600 mil millones de pesos al año, equivalentes al 68% del gasto en programas sociales prioritarios.
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Calvillo resumió el llamado de las organizaciones con una frase directa: “El Senado tiene dos opciones: proteger las ganancias de las corporaciones o proteger la salud de la población”.
El debate ocurre tras el acuerdo anunciado el 17 de octubre entre el Gobierno federal y la industria de bebidas, que contempla reducir 30% el contenido de azúcar en refrescos, limitar la publicidad dirigida a menores y diferenciar los precios entre bebidas azucaradas y sin calorías, a cambio de moderar el incremento originalmente previsto al IEPS.
