El gobierno de Layda Sansores se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por presuntos actos de censura, luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara al medio local Telemar, perteneciente a la Organización Editorial del Sureste, entregar información sobre publicaciones periodísticas en las que se menciona a la gobernadora.
De acuerdo con el requerimiento judicial, la Fiscalía pidió al medio los nombres de periodistas, así como detalles sobre notas publicadas en plataformas digitales que podrían ser críticas hacia la administración estatal.
La solicitud forma parte de una investigación abierta por un presunto delito de calumnia.
Ante la petición, Telemar emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier intento de intimidación hacia la prensa y recordó que la libertad de expresión está protegida por el artículo 6 de la Constitución mexicana.
“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura”, expresó el medio en un comunicado.
El documento judicial advierte que Telemar podría ser objeto de sanciones económicas y de un proceso legal en caso de no cumplir con la entrega de la información solicitada.
“En caso de no dar cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad, sin que tenga causa justificada, se hará acreedor de una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA)”, señala el texto oficial.
La medida también incluyó la suspensión temporal del portal Tribuna y la prohibición de publicar contenidos relacionados con la mandataria campechana, además de imponer una multa de dos millones de pesos por daño moral.
Lee también: “Muy poca sensibilidad”: Sheinbaum critica relanzamiento del PAN en medio de emergencia por lluvias
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que consideran que el gobierno de Sansores mantiene un patrón de hostigamiento hacia medios y periodistas críticos. Analistas advierten que estas acciones podrían sentar un precedente negativo para la libertad de expresión en Campeche y en el país.
Con información de Político MX
