La agencia Reuters informó que dos funcionarios mexicanos, que solicitaron mantener el anonimato, confirmaron que 50 políticos han tenido sus visas estadounidenses revocadas.
Según la publicación, la medida ha generado una discreta conmoción en la élite política mexicana, que viaja con frecuencia a Estados Unidos y requiere visa para ello.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tener información sobre el presunto retiro de visas a 50 políticos de Morena y a decenas más de otros partidos, como lo reportó Reuters.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las autoridades de Estados Unidos informan directamente a los afectados sobre estas medidas.
“No, no tenemos información; el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal”, señaló.
Sheinbaum añadió que su administración solo recibe información cuando los casos involucran asuntos de seguridad, por lo que no se les notifica sobre todos los casos.
“No es una información que ellos compartan con el gobierno de México (…) a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados”, explicó.
Tres exembajadores estadounidenses señalaron que administraciones previas también han revocado visas, pero no en la misma magnitud, lo que reflejaría la intención del expresidente Donald Trump de usar esta herramienta diplomática con fines políticos.
“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, dijo Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.
Una de las fuentes, un destacado político mexicano del oficialismo, afirmó que a más de 50 políticos de Morena se les revocó la visa, al igual que a decenas de funcionarios de otros partidos. Las fuentes solicitaron mantener el anonimato.
Reuters no pudo confirmar los nombres de todos los funcionarios afectados. Hasta ahora, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado.
