Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia presentó este miércoles una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por una política que prohíbe utilizar fondos federales destinados a víctimas de delitos para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La medida, establecida por el Departamento de Justicia bajo la categoría de “costos no admisibles”, restringe el uso de subvenciones de programas como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
Con esta prohibición, estados y organizaciones que reciben fondos federales ya no pueden ofrecer asistencia legal a personas sin estatus migratorio regular o sujetas a deportación, salvo en casos excepcionales.
La querella fue interpuesta en Rhode Island y argumenta que la disposición viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos, además de imponer condiciones vagas y ambiguas que dejan a los estados “adivinando” qué servicios están prohibidos.
Los fiscales generales advirtieron que la nueva regla obligaría a verificar el estatus migratorio de todas las personas que buscan ayuda, lo que supondría procesos costosos y reduciría la capacidad de atención a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y maltrato a ancianos.
“El apoyo legal que brindan estos fondos es esencial para que las víctimas puedan solicitar órdenes de protección, presentar denuncias policiales, obtener indemnizaciones o asistencia en visitas de custodia”, explicó el fiscal general de California, Rob Bonta, uno de los demandantes.
Bonta criticó que la política “hace menos seguras a nuestras comunidades” y advirtió que las organizaciones podrían terminar reduciendo drásticamente sus servicios por miedo a incumplir los lineamientos del Departamento de Justicia.
“Ojalá el presidente Trump dejara de crear problemas donde no los hay y centrara su energía en políticas que realmente reduzcan la delincuencia”, añadió.
Lee también: Jueza ordena liberación de mexicana detenida por ICE a pesar de estar amparada por DACA en EEUU
La demanda fue respaldada por los estados de California, Nueva York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Con información de EFE