La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum revisará las pensiones en el sector público para verificar su legalidad, ya que se han detectado casos de extrabajadores que reciben jubilaciones millonarias, incluida una superior a un millón de pesos mensuales.
“Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público un millón de pesos mensuales, ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300 mil pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas”, expresó la mandataria en su conferencia matutina de este viernes.
#MañaneraPresidenta | ESTO NO LE GUSTARÁ A AMPARO CASAR
— Juncal Solano (@juncalssolano) August 29, 2025
Claudia Sheinbaum adelantó que se analizan cambios constitucionales para acabar con las pensiones millonarias en Luz y Fuerza y PEMEX 💸.
Además, opinó sobre las investigaciones en EU por presuntos sobornos de… pic.twitter.com/l611hWqzJb
Sheinbaum explicó que, aunque todas estas pensiones son legales, en muchos casos fueron otorgadas de manera discrecional.
Por ello, su gobierno analiza una reforma constitucional que permita reducirlas a montos “lógicos y racionales”.
En este contexto, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un diagnóstico de los sistemas de jubilación en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El padrón de jubilados de LyFC asciende a 14 mil 073 personas y representa un gasto anual de 28 mil 064 millones de pesos.
De ellos, 9 mil 457, equivalentes al 67 por ciento, reciben más de 100 mil pesos mensuales, y una persona supera el millón de pesos.
En contraste, el promedio nacional de pensión es de 7 mil 092 pesos mensuales, lo que significa que los jubilados de LyFC perciben hasta 140 veces más.
En el caso de Pemex, el padrón registra 22 mil 316 jubilados con un gasto anual de 28 mil 844 millones de pesos. Sus pensiones equivalen, en promedio, a 39 veces más que el promedio nacional.
En esta empresa del Estado existen mil 096 casos en los que la pensión supera el monto anual bruto del salario máximo permitido en su tabulador vigente.
Buenrostro informó que se instalaron mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, Secretaría de Hacienda y otras dependencias, para revisar la legalidad de estas jubilaciones.
Además, se establecerán convenios con el Registro Nacional de Población y registros civiles estatales para homologar expedientes y depurar la información.
