El Gobierno mexicano solicitó al juez de Control que la próxima audiencia de Julio César Chávez Jr. se realice por videoconferencia o dentro del penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido, ante el temor de que el boxeador pueda ser blanco de un ataque durante su traslado a los juzgados federales.
El hijo del legendario Julio César Chávez fue entregado a México el martes pasado por autoridades estadounidenses y recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, un penal ubicado en el kilómetro 33 de la Carretera 100, rumbo a Bahía de Kino.
Chávez Jr., de 39 años, enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que existía una orden de aprehensión en su contra desde 2023.
La directora del penal envió un oficio al juez Enrique Hernández Miranda con el asunto “impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023”.
En el documento se pide que la audiencia programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas se realice sin traslados, ya que el recorrido de más de 40 kilómetros atraviesa territorios en disputa por facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas Los Salazar, los Matasalas y La Chapiza, con la cual presuntamente estaría vinculado el púgil.
El traslado por carretera implicaría atravesar el desierto de Sonora y buena parte de Hermosillo, un trayecto considerado de alto riesgo, pues la pugna entre las facciones del cártel ha dejado más de 200 ejecuciones en el último año.
El documento oficial advierte que el movimiento de Chávez Jr. pondría en riesgo no sólo al acusado, sino también al personal de seguridad encargado de su custodia.
Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos tras perder una pelea en Anaheim contra Jake Paul.
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El Gobierno estadounidense lo acusó de tener nexos con el Cártel de Sinaloa y de haber ingresado de manera ilegal al país. Posteriormente, fue deportado el 18 de agosto por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, y entregado a las autoridades mexicanas.
