Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por cometer fraudes mediante esquemas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco.
El Departamento del Tesoro señaló que este destino turístico “sirve como bastión estratégico del CJNG” y que desde 2012 la organización tomó el control de las estafas en la zona.
Autoridades estadounidenses advirtieron que los cárteles han dirigido estos fraudes, principalmente, a adultos mayores estadounidenses.
Las operaciones se realizan a través de llamadas telefónicas por personas que hablan inglés con fluidez.
Los delincuentes obtienen información de las víctimas con ayuda de empleados de complejos turísticos y aplican distintos métodos, como la “reventa” o “realquiler” de tiempo compartido, así como falsas inversiones.
En todos los casos, piden pagos adelantados de “cuotas” e “impuestos” mediante transferencias internacionales; el dinero prometido nunca llega y las solicitudes de pago continúan.
Tras consumar la estafa, los responsables pueden hacerse pasar por abogados o funcionarios estadounidenses, ofreciendo recuperar los fondos o evitar supuestas sanciones a cambio de nuevos pagos.
Según el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses perdieron 300 millones de dólares en estos fraudes en México.
Los sancionados por EEUU son Julio César Montero Pinzón, alias Montero; Carlos Andrés Rivera Varela, Rivera; Francisco Javier Gudiño Haro, Gudiño; y el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., Ibarra.
De acuerdo con las investigaciones, tres de ellos son miembros de alto rango del CJNG y participan en la planeación de asesinatos contra rivales y políticos.
Las 13 empresas afectadas por las sanciones incluyen inmobiliarias, agencias de viajes y servicios turísticos, entre ellas Akali Realtors, Sunmex Travel y Corporativo Integral de la Costa.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los señalados en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país. Además, cualquier entidad propiedad de personas sancionadas queda automáticamente bloqueada.
El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
