Un grupo de 17 fiscales estatales demócratas intensificó este lunes una demanda presentada por varias organizaciones civiles en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, instando a un juez a ordenar una pausa en estos operativos, que han sido desplegados en la ciudad durante más de un mes.
El pasado miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades interpusieron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, con el fin de frenar las redadas migratorias, declarar inconstitucionales las tácticas de arresto de ICE, y garantizar el acceso de los migrantes detenidos a abogados.
Los fiscales generales de varios estados, encabezados por Letitia James, de Nueva York, apoyaron la moción de los denunciantes para una orden temporal de restricción, argumentando que ICE no está realizando detenciones basadas en sospechas razonables o individuales, sino que está utilizando perfiles raciales en sus operativos.
Según un comunicado conjunto, los fiscales sostienen que agentes del ICE, enmascarados, están llevando a cabo redadas en barrios, iglesias, escuelas y negocios, donde han detenido a residentes y ciudadanos estadounidenses sin una justificación clara, lo que ha generado un ambiente de miedo en la comunidad.
Asimismo, los fiscales señalan que el estado de California ha sido escenario de otras redadas “discriminatorias y militarizadas” contra migrantes, especialmente de origen mexicano, y las comparan con las acciones actuales del Gobierno de Trump, quien ha elogiado la “Operación Espalda Mojada” de 1954 como un modelo.
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Aunque la demanda se centra en Los Ángeles, los fiscales acusan al Gobierno de llevar a cabo redadas a nivel nacional, incluidas en tribunales de migración y campos de cultivo en Nueva York. También denuncian una “cultura del miedo” entre los migrantes, quienes se están absteniendo de acudir a hospitales, escuelas y templos por temor a ser detenidos.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, fiscales y otros líderes demócratas han intensificado sus esfuerzos para reforzar demandas civiles contra las políticas del Gobierno republicano, entregando documentos en defensa de los derechos de los migrantes.
