En medio de una intensa ola de operativos migratorios a nivel nacional y el crecimiento de aplicaciones comunitarias como ICEBlock, el gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles por sus políticas de “ciudad santuario”, acusándola de obstruir la aplicación de leyes migratorias federales.
La querella, interpuesta ante una corte del Distrito Central de California, nombra como demandados a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson. La acción legal argumenta que las medidas adoptadas por la ciudad para proteger a inmigrantes indocumentados constituyen un intento deliberado por bloquear la labor de las agencias federales como ICE y CBP.
La demanda cita en particular la ordenanza “Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement”, firmada por Bass en diciembre de 2024, la cual prohíbe que recursos municipales sean utilizados por autoridades federales para realizar detenciones migratorias dentro del territorio de Los Ángeles.
“Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, afirmó Bill Essayli, fiscal federal del Distrito Central de California, en un comunicado del Departamento de Justicia.
Escalada de tensiones
La demanda se da en un contexto de alta tensión migratoria en California, donde ya se acumulan cuatro semanas consecutivas de operativos por parte de ICE, que han desatado protestas masivas en ciudades como Los Ángeles, Oakland y San Diego.
El conflicto se agudizó luego de que el presidente Trump ordenara el despliegue de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional de California en el estado en respuesta a lo que calificó como “resistencia organizada contra la ley federal”.
En el documento legal, el gobierno también acusa a las autoridades angelinas de fomentar un clima de resistencia y desobediencia, e incluso responsabiliza a la ciudad por presuntos actos de violencia contra agentes federales, así como de incurrir en obstrucción a la justicia.
Una política de larga data
Aunque Los Ángeles formalizó su estatus como ciudad santuario a finales de 2024, su Departamento de Policía ya aplicaba desde hace casi 50 años una Orden Especial que prohíbe a los oficiales detener o interrogar a una persona únicamente para determinar su situación migratoria.
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Estas políticas han sido ampliamente respaldadas por organizaciones civiles y sectores de la comunidad inmigrante, pero han sido objeto de críticas por parte de funcionarios federales y del propio presidente Trump, quien hizo de la deportación masiva uno de los ejes centrales de su campaña y su administración.
El auge de ICEBlock y la respuesta ciudadana
La demanda se da mientras crece la adopción de ICEBlock, una aplicación lanzada recientemente por el desarrollador Joshua Aaron, que permite a los usuarios alertar sobre operativos migratorios cercanos. La app ha ganado fuerza en ciudades como Los Ángeles, donde miles de personas la utilizan para esquivar redadas en tiempo real.
Aunque el gobierno no ha emitido comentarios directos sobre ICEBlock, el surgimiento de herramientas como esta refleja el ambiente de miedo, vigilancia y organización comunitaria que atraviesan muchas comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
