Una corte civil del condado de Miami-Dade dictó una sentencia millonaria contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante su gestión en el Gobierno de México.
La jueza Lisa Walsh resolvió que ambos deberán pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares, tras determinar que incurrieron en actos de corrupción que beneficiaron a empresas vinculadas a la familia Weinberg, de origen israelí.
Según el fallo, García Luna deberá restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá cubrir mil 740 millones, al ser considerada figura clave en el ocultamiento de activos obtenidos ilícitamente.
El fallo llega días después de que el gobierno mexicano solicitara una sentencia en su contra sin necesidad de juicio, argumentando que ni García Luna ni Pereyra se presentaron a comparecer o designaron representación legal.
La demanda civil fue interpuesta en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de su estrategia para recuperar bienes adquiridos con recursos desviados.
De acuerdo con la UIF, los recursos salieron de al menos 30 contratos públicos adjudicados ilegalmente a empresas de la red Weinberg entre 2012 y 2018. Los contratos, destinados a temas de seguridad, habrían generado un desfalco de más de 634 millones de dólares, fondos que fueron canalizados a través de paraísos fiscales hacia Florida, donde se utilizaron para adquirir propiedades y otros activos.
Los abogados de la UIF detallaron que el exfuncionario y sus operadores movieron al menos 580 millones de dólares como parte de este esquema, con la finalidad de ocultarlos en bienes raíces en Estados Unidos. En total, la demanda incluyó 28 inmuebles, de los cuales 18 ya fueron vendidos —12 antes del litigio y seis más durante el proceso.
En su resolución, la jueza Walsh explicó que, al no responder a la demanda, los acusados “aceptaron tácitamente los hechos presentados por el demandante”. Aunque Cristina Pereyra contó inicialmente con representación legal, su abogado se retiró del caso y ella tampoco participó en las audiencias de mediación programadas en 2024, lo que reforzó la decisión judicial en su contra.
En contraste, algunos de los codemandados en el caso civil llegaron a acuerdos con la UIF. José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de García Luna, y su esposa, acordaron pagar 330 mil dólares en compensación. Por su parte, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan negociando con las autoridades mexicanas.
Este proceso civil es independiente del juicio penal que culminó en octubre de 2024 en Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. En ese juicio, presidido por el juez Brian Cogan, también se le impuso una sanción económica de 2 millones de dólares.
Actualmente, el exfuncionario cumple su condena en una prisión federal del condado de Lee, en Virginia.
Con información de El Universal
