La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos para que se manifiesten en contra de la propuesta legislativa que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían a México.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró su rechazo a esta iniciativa promovida en la Cámara de Representantes de EE.UU., y la calificó como una medida “discriminatoria”.
“Creemos que es una buena idea que nuestros paisanos y paisanas envíen cartas a sus congresistas, tengan o no nacionalidad estadounidense, para explicarles que este impuesto sería discriminatorio y violaría un tratado vigente entre ambos países”, señaló.
También sugirió que los migrantes expresen su postura en redes sociales o por cualquier otro medio de contacto con los legisladores.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que esta propuesta choca directamente con el tratado de doble tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994. Este acuerdo establece que un país no puede cobrar impuestos adicionales que generen una carga mayor a los ciudadanos del otro país contratante.
“Las remesas ya pagaron impuestos cuando fueron generadas en Estados Unidos. Si se les impone un nuevo gravamen, estaríamos hablando de una doble tributación, lo cual no solo es injusto, sino también ilegal según los acuerdos internacionales”, explicó el funcionario.
Amador detalló que el artículo 25 del tratado protege a los ciudadanos de ambos países de ser gravados de forma desigual o más costosa, y advirtió que imponer este impuesto podría ir en contra tanto de normas internacionales como de leyes internas de EE.UU., lo que abriría la puerta a impugnaciones legales.

Finalmente, el secretario recordó que el 99.1% de las remesas provenientes de Estados Unidos llegan a México mediante transferencias electrónicas, lo que convierte este flujo en un sistema completamente regulado, legal y monitoreado por las autoridades de ambos países.
El llamado de Sheinbaum subraya la preocupación del Gobierno mexicano ante una medida que podría afectar a millones de familias que dependen de las remesas para subsistir.