Por: Solangel Ochoa
El alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, tiene un plazo de cinco días hábiles para regresar el cobro excesivo e ilegal del impuesto por predial a los ciudadanos que promovieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Así lo resolvió el Juzgado Séptimo de Distrito, que determinó que, el Ayuntamiento, violó el principio de legalidad tributaria al aplicar incrementos desproporcionados sin los parámetros establecidos en la ley estatal.
La sentencia obliga al tesorero municipal a abstenerse de aplicar los valores unitarios del suelo y construcción del ejercicio fiscal 2025, en montos superiores a los mínimos. Además, ordena la devolución de las diferencias cobradas en exceso y su actualización conforme al artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora.
Este fallo se deriva de la demanda promovida en febrero por el despacho Duarte Tineo Abogados en representación de varios ciudadanos navojoenses, quienes denunciaron el abuso de autoridad del Ayuntamiento al incrementar el predial, sin respetar las tablas de valores catastrales aprobadas por el Congreso del Estado.
El juez concluyó que, los valores unitarios aumentados en 2024, superaron en más del 100% los valores vigentes para 2025, lo que representó una clara violación a los principios de equidad, capacidad contributiva, proporcionalidad y seguridad jurídica, establecidos en la Constitución.
Además, de la resolución judicial, se emitió un exhorto al Ayuntamiento de Navojoa, para que evalúe la necesidad de ajustar los incrementos porcentuales en beneficio del interés general de la población. Esta decisión sienta un precedente en la defensa de los derechos ciudadanos ante cobros arbitrarios por parte de la administración municipal.
Con esta sentencia, el Ayuntamiento de Navojoa, no solo deberá regresar el dinero cobrado de manera indebida, sino que también se ve obligado a replantear su política de recaudación ante el escrutinio judicial y ciudadano.
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La pelota está en la cancha del alcalde Jorge Elías Retes, quien ahora enfrenta la presión de cumplir con la resolución en el tiempo estipulado o enfrentar posibles consecuencias legales.
