Hermosillo, Sonora.- Un hombre que había sido reportado como desaparecido en 2024 fue localizado al mismo tiempo que fue detenido y acusado, junto con otros seis sujetos, incluido un menor de 17 años, por los delitos de secuestro y asociación delictuosa en Sonora.
Esto no ocurrió en Hermosillo, como en 2024 cuando un joven de 17 años, Jonathan ‘N’, pasó de estar desaparecido a ser acusado de secuestro. Esto sucedió en Navojoa, al sur de la entidad.
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Fue el 3 de marzo cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) rescataron a Juan Antonio ‘N’ quien se encontraba privado de la libertad en un domicilio ubicado en la calle Río Pánuco, entre Primera y Segunda, en la colonia Francisco Villa, en Navojoa.
Allí, agentes de seguridad detuvieron en flagrancia a seis personas: Robel Norberto ‘N’, Miguel Alberto ‘N’, ambos de 24 años, Juan Alberto ‘N’ de 38 años, Julio César ‘N’, de 47 años, Guillermo ‘N’, de 36 años, y un adolescente de 17 años.
Además de la sorpresa de encontrar a un menor de edad en actividades delictivas, lo que descubrió la Fiscalía de Sonora es que Guillermo ‘N’, uno de los involucrados, fue reportado como desaparecido por su esposa el 26 de abril de 2024.
De acuerdo con la institución de justicia, los datos de prueba, expuestos durante una audiencia el 10 de marzo, demuestran que los imputados operaban como estructura delictiva organizada y privaron ilegalmente de su libertad a Juan Antonio ‘N’, de 43 años, el 18 de noviembre de 2024.
Las investigaciones de gabinete y campo determinaron que los implicados interceptaron a la víctima en inmediaciones de la calle 300 y Carretera Internacional, en Ciudad Obregón, para posteriormente trasladarla a un domicilio ubicado en calle Río Pánuco entre Primera y Segunda, en la colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que la víctima fue “mantenida incomunicada y sometida mediante violencia física y psicológica, obligándola a entregar escrituras de una propiedad, facturas de varios vehículos y dinero en efectivo”.
Durante la audiencia judicial, un juez decretó prisión preventiva justificada para todos los implicados, estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, excepto para el menor de edad, para quien se fijó un plazo de tres meses.
