En Sonora, cada vez que los ciudadanos tramitan su licencia de conducir, se les realiza un cobro adicional bajo el concepto de “Justicia Ambiental”, gestionado por la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES). Este pago, aunque podría parecer pequeño, representa una importante recaudación de recursos públicos que, en teoría, deberían destinarse a financiar proyectos ambientales en el Estado.
Sin embargo, la falta de información pública sobre cuánto se ha recaudado y en qué se ha gastado este dinero ha generado inquietud en la sociedad. Es por ello, que, desde nuestra Asociación Civil Cultura Verde Amor por el Planeta A.C., ha decidido actuar, presentando formalmente una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de conocer con claridad el destino de estos recursos.
La solicitud de información, con número de folio 260492725000019, tiene como finalidad obtener respuestas concretas sobre: ¿Desde cuándo se está recaudando el concepto de “Justicia Ambiental” al tramitar la licencia de conducir?, ¿Cuánto dinero ha recaudado la PROAES hasta el año 2025?, ¿En qué se ha invertido ese dinero y qué proyectos ambientales se han financiado?, y ¿Existen resultados medibles de las acciones realizadas con estos recursos públicos?.
El objetivo es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y efectiva, contribuyendo realmente a la protección del medio ambiente y al bienestar de los sonorenses.
El derecho a conocer el destino de estos recursos se encuentra respaldado en diversas disposiciones legales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 6, garantiza el derecho de acceso a la información pública, permitiendo que cualquier persona pueda solicitar información a las autoridades sobre el uso de recursos públicos. Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su Artículo 2 que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información pública, especialmente aquella relacionada con el ejercicio de recursos públicos. Además, su Artículo 70 obliga a las autoridades a publicar información financiera y de resultados, promoviendo la rendición de cuentas.
A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Artículo 2, reafirma el derecho humano a la información pública, estableciendo la transparencia como un principio fundamental del gobierno estatal.
La transparencia no solo es una obligación de las autoridades, sino también un derecho fundamental de los ciudadanos. Los sonorenses cumplimos con nuestros deberes al pagar impuestos y contribuciones, como el cobro de “Justicia Ambiental”, y tenemos todo el derecho de tener claridad sobre su uso. La rendición de cuentas fortalece la confianza en las instituciones y asegura que los recursos públicos se destinen realmente a acciones que beneficien a la comunidad, en este caso, al cuidado del medio ambiente.
El objetivo de esta solicitud no es confrontar a las autoridades, sino más bien trabajar juntos para garantizar que el dinero recaudado con “Justicia Ambiental” se use de manera adecuada y se traduzca en mejores condiciones ambientales para todos. La transparencia y la colaboración con la sociedad civil son claves para construir un Estado donde los recursos públicos se manejen con claridad, responsabilidad y en beneficio de todos los sonorenses.
La solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia es un paso hacia adelante para conocer la verdad sobre el destino del dinero recaudado con “Justicia Ambiental” y asegurarse de que se utilice en beneficio de todos. Se invita a la comunidad a seguir atentos a los avances de esta solicitud y a continuar promoviendo una cultura de participación y de transparencia.
Lic. Pamela Ibarra Dávila
Presidente de Cultura Verde Amor por el Planeta A.C.
