Luego de que Morena y la mayoría de aliados en el Congreso le concediera a Guadalupe Taddei el poder para realizar un nombramiento en la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) sin consensuarlo con el Consejo General, ya realizó su primer movimiento.
Se trata de José Luis Arévalo Romo, un funcionario sin experiencia en el ámbito de la rendición de cuentas, que ahora será el titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.
El funcionario llegó al INE en abril de 2023, cuando Guadalupe Taddei fue designada consejera presidenta mediante un sorteo en la Cámara de Diputados, y ocupó la Dirección de Información en la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Se le ubica cercano a Taddei y a su exasesor Flavio Cienfuegos.
Según su perfil en el directorio del INE, Arévalo Romo ocupó antes cargos de dirección en la Secretaría de Gobernación (2018-2019) y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de 2019 a 2021, es decir, mientras el secretario era Alfonso Durazo, el hoy gobernador sonorense que es cercano a Guadalupe Taddei y su familia.
La página del INE lo presenta como maestro en “derecho económico”, pero especifica que cuenta con una constancia de estudios de la Universidad Panamericana, mas no un título que acredite el grado.
Su nuevo nombramiento, que le otorga un asiento sin voto en la Junta General Ejecutiva del INE, fue hecho por Taddei sin consultarlo con el resto de las consejeras y consejeros, aprovechando las nuevas facultades que le fueron otorgadas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el pasado 4 de febrero.
En octubre de 2019, cuando el Congreso aprobó las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), e introdujo nuevas facultades a la consejera presidenta del INE. Esto, luego de que Guadalupe Taddei pasó más de un año y medio sin lograr el consenso necesario para nombrar a un secretario ejecutivo y otros directores de áreas operativas.
La reforma hecha por la mayoría de Morena, PVEM y PT modificó el artículo 45 de la LGIPE para otorgar a la presidenta del INE la atribución de “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”.
Antes de la reforma, los presidentes o presidentas del INE tenían que proponer estos nombramientos y conseguir ocho de los 11 votos de los integrantes del Consejo General.
Esto provocó que, desde su llegada al INE en abril de 2023, Guadalupe Taddei haya tenido que nombrar a encargados de despacho en las áreas operativas más importantes del instituto. Incluso, en el proceso electoral de 2024, el INE operó sin titulares de área, sino funcionarios provisionales.
Los directores ejecutivos del INE integran la llamada Junta General Ejecutiva, que es el órgano técnico operativo, al que la nueva reforma le otorgó, además, facultades que antes correspondían al Consejo General.
Lee también: Inicia INE impresión de 602 millones de boletas para elección judicial
Para blindar a Taddei de votaciones en contra de sus decisiones, Morena y aliados también reformaron el artículo 48 de la LGIPE, para que la Junta General Ejecutiva (hoy bajo su control) pueda: “aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto”.
Esta reforma provocó que un grupo consejeras y consejeros promovieran una controversia ante la Corte, la cual fue resuelta en febrero en favor de conservar los “superpoderes” de la consejera presidenta.
