En 2022, el Poder Judicial de la Federación recibió más de 1.2 millones de denuncias. Se resolvieron el 96% en ese mismo periodo.
En contraste, se obtuvo como dato que los poderes judiciales locales recibieron poco más de 2.1 millones de asuntos. Sin embargo, ellos solo resolvieron el 61%.
¿Y a cuántas personas se les atribuye un delito por cada año?
En el mismo 2022, me dijo también la jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que hay 26.8 millones de delitos que se cometieron en esos 12 meses.
Pero las fiscalías solo investigaron alrededor de 2 millones de esos casos, o sea un 10% o un poco menos, y de ellos se judicializaron, poco más de 300 mil asuntos.
Entonces, el 1.12% de casos investigados de todo ese universo de delitos que se cometieron en 2022, es resultado de una impunidad en medio de un contexto de actividad que en materia penal no tendría que suceder.
Me dijo la jueza Juana Fuentes que por eso es que el Poder Judicial ha intentado sumarse al esfuerzo de sacar una Reforma Judicial, “porque evidentemente requerimos en el país un cambio de de en este tema de justicia”.
Sí es un escenario de preocupación lo que arrojan los datos en materia de justicia en este país. Pero no es posible que se empiece a corregir un sistema de justicia de esta problemática con quienes operan el sistema.
Todos deberiamos estar de acuerdo con lo que me dijo la jueza en el Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, que las fallas que se han presentado no solo deben recaer en el Poder Judicial, ya que muchas veces las Fiscalías no integran bien las indagatorias.
Ahí está el punto clave de la reforma judicial, se debe ver desde abajo la corrección y no solo desde arriba, más allá de una elección popular de jueces y magistrados con o sin experiencia, porque de lo contrario vamos a arrepentirnos por el grave riesgo para el acertado desempeño y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uppercut: A la dirección del IPN, Arturo Reyes Sandoval, así como al Órgano Interno de Control Específico, llegó una denuncia por hostigamiento y amenazas a Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía. El señalado es el secretario general del Politécnico, Mauricio Igor Jasso Zaranda, de acuerdo a la demanda 2024/IPN/DE/312. Entre otras pruebas se ofrecen mensajes de WhatsApp. Vamos a ver cómo resuelven las instancias sobre todo cuando no es la primera vez que se presentan quejas contra Jasso.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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