Al alrededor de las 3:00 de la mañana, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, decidió cambiar la medida cautelar y permitir que los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa, continúen su proceso en libertad.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informó en Aristegui En Vivo que la defensa de estos militares ha estado a cargo de abogados militares adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pese a que los elementos del Ejército Mexicano están acusados por delincuencia organizada y desaparición forzada.
“Han gozado de un apoyo institucional muy notable”, afirmó Aguirre.
En la audiencia para revisar las medidas cautelares de estos ocho militares, comparecieron peritos de la Sedena para presentar elementos de prueba a su favor, a pesar de que era una causa de fuero civil, aseguró Aguirre.
Con los dictámenes presentados por los peritos de Sedena, los militares podrán continuar el proceso judicial desde casa a cambio de una medida cautelar de firmar periódicamente ante un juzgado y al pago de una garantía económica o fianza.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la resolución judicial es “una expresión más del deterioro del Caso Ayotzinapa”.
El representante legal de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, consideró “preocupante” que en el Poder Judicial se están dictando criterios judiciales muy inequitativos a favor de los militares que son procesados.
Aguirre dijo que los jueces y las juezas están estimando que “sólo por el hecho de ser militares disminuye el riesgo de fuga”, cuando ocurre todo lo contrario.
El hecho de ser militares los coloca en una disposición de privilegio frente a las víctimas y en muchos casos ya se han dado fugas.
“Por eso puede ser que amerite la medida cautelar de prisión preventiva”, afirmó.
El Centro Prodh también calificó como ‘indignante’ el abierto litigio de la Sedena en contra del Caso Ayotzinapa y a favor de los elementos castrenses, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que es prioridad de su administración resolver este tema.
Aguirre señaló que a la par que el Gobierno Federal inició toda una campaña mediática a favor de la prisión preventiva y en contra de otras medidas cautelares que permiten la libertad provisional de los procesados, la Sedena ha dado “todo el respaldo institucional, todos los recursos públicos y todas las facilidades para buscar que sus elementos no se queden en prisión”.
