El Gobierno de México determinó “por causa de utilidad pública” la expropiación de 75 terrenos de un total de más de 215 mil metros cuadrados en Campeche para la construcción del Tren Maya.
Por medio de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno expropió 215 mil 171.16 metros cuadrados para la construcción del tramo 2 del proyecto.
Dichos terrenos corresponden a inmuebles privados ubicados en los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que formen parte de ellos.
Estas superficies serán entregadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de destinarlas a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación de la obra.
De acuerdo con el decreto, Fonatur solicitó a lo largo de 2023, por medio de distintos oficios, la expropiación de estas superficies para la construcción del tramo 2.
Ante esto, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) realizó un avalúo del valor comercial de las superficies, el cual deberá ser cubierto por Fonatur y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como indemnización a los propietarios.
El Tren Maya, que inauguró su primer tramo el pasado 15 de diciembre, es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, cuyo plan es construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Desde el inicio de su construcción, organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas, han expresado su preocupación por el posible impacto negativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y al medio ambiente, debido a la tala de miles de árboles que sufrió la zona.
Ante esto, han promovido diversos amparos y han exigido al Gobierno suspender obras en distintos tramos por la tala indiscriminada, la contaminación de ríos subterráneos y la destrucción de cenotes de aguas dulce, así como por dañar patrimonio natural y arqueológico.
En contraste, AMLO y su gobierno han argumentado que la obra permitirá el transporte de mercancías y movilización de personas, así como el desarrollo socioeconómico y turístico de la región.
Se tiene contemplado que el 29 de febrero de 2024 se inaugure la totalidad de la obra.
